Mientras se le siga negando el muro a Donald Trump, su Administración buscará la manera de encerrar entre paredes a los inmigrantes, sean o no menores de edad.

Después del escándalo a nivel mundial causado por la política de “Tolerancia Cero” de la Administración Trump – donde más de 3.000 niños fueron separados de sus padres al intentar ingresar al país sin documentos – el gobierno pretende ahora burlar las medidas judiciales que le impedían mantener a los menores de edad detenidos durante largos períodos de tiempo.

Según reportó el Washington Post, el Departamento de Seguridad Nacional junto al Departamento de Salud y Servicios Humanos, han propuestos cambios que “intentarían rescindir el Acuerdo Flores, un decreto de consentimiento federal que ha dado forma a las normas de detención para los inmigrantes menores de edad desde 1997”.

Si bien varias cortes menores, así como la juez de distrito Dolly M. Gee (quien personalmente supervisa el Acuerdo Flores), han negado al gobierno la solicitud, esta nueva estrategia pretende no instaurar límite de tiempo sino, por el contrario “busca la autoridad de mantener detenidos a padres e hijos inmigrantes mientras sus casos hayan sido adjudicados”, explica el Post, “un proceso que podría tomar meses”.

Funcionarios de ambos departamentos han argumentado que esta propuesta evitaría los “vacíos legales” que se han presentado al enfrentar la inmigración indocumentada, y les permitiría “detener apropiadamente y eliminar rápidamente las unidades familiares que no tienen base legal para permanecer en el país”, según declaró la Secretaria del DHS Kirstjen Nielsen. “Esta regla aborda uno de los principales factores de atracción para la inmigración ilegal y permite al gobierno federal hacer cumplir las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso”, agregó.

La Juez Gee rechazó en julio la solicitud del Departamento de Justicia de permitir detener niños inmigrantes por “tiempo indefinido” argumentando que era “un cínico intento, a nivel ex parte, de trasladar la responsabilidad al poder judicial por más de 20 años de inacción en el Congreso y acción ejecutiva poco considerada que ha llevado al punto muerto actual”.

Ahora el gobierno intenta sortear esta decisión a través de una propuesta de regulación que posiblemente puede llegar a la Corte Suprema.

Tan sólo la sugerencia de este tipo de medidas está en abierta violación a las estipulaciones de la ley internacional de derechos humanos, que determina que “los niños no pueden mantenerse en detención migratoria, excepto por períodos de tiempo muy cortos con el fin de llevar a cabo una orden de deportación”, explicó la Human Rights Watch.

Este proceso no es definitivo aún y llevará al menos 60 días de debate legal donde el trabajo comunitario y de activistas podrá denunciar y obstaculizar que finalmente se haga realidad.