No, los centros de detenciones para inmigrantes menores de edad no son un “campamento de verano” como quieren hacer ver funcionarios del gobierno.

Desde que la política de “tolerancia cero” en la frontera fuera puesta en vigor, más de 2.500 niños han sido separados de sus padres y confinados a centros de detención más parecidos a jaulas que a centros vacacionales.

Muchos de ellos son menores de edad – entre 2 y 17 años – quienes están siendo procesados como “menores sin acompañantes”, aún cuando cruzaron la frontera de la mano de sus padres.

Estos jóvenes se han sumado a los cientos de niños que desde hace años realmente cruzan la frontera sin un representante legal, huyendo de la violencia en sus países de origen y sobreviviendo el arduo trayecto que implica cruzar la frontera, con la esperanza de reunirse con algún familiar o conocido del otro lado.

Lo que sucede cuando son aprehendidos, es sencillamente indescriptible.

Entre maltratos físicos y verbales, confinamientos con luz artificial las 24 horas, hambre, frío y la desesperación de no saber si volverán a ver a sus familias o si serán deportados junto con sus padres, estos niños enfrentan otro tipo de infierno dentro de los centros de detención.

El último hallazgo de esta circunstancia fue hecho público por la plataforma ProPublica el pasado jueves, quien reportó que un funcionario de la empresa Southwest Key fue acusado de 11 cargos de delitos sexuales frente a las autoridades, tras haber acosado y abusado de ocho niños inmigrantes sin acompañantes en un período de casi un año en una de las instalaciones de la compañía en Mesa (Arizona).

El acusado ha sido identificado como Levian D. Pacheco, de 25 años y VIH positivo, cuya conducta fue descrita por los niños como un caso explícito de abuso sexual, llevado a cabo entre los meses de agosto 2016 y julio 2017, de acuerdo a los documentos del tribunal consultados por el medio.

Además del grave caso, ProPublica también ha reportado que la compañía de Southwest Key había sido previamente citada por el Departamento de Servicio de Salud en Arizona por “no realizar chequeos de antecedentes” a sus funcionarios antes de ser contratados, incluyendo revisión de huellas digitales “para asegurar que los empleados no hubiesen cometido crímenes sexuales y otros”.

Si bien los funcionarios de la administración Trump han asegurado en repetidas ocasiones que los refugios para niños inmigrantes son seguros “e incluso divertidos”, varios reportes han surgido en los últimos días en los que se exponen casos de abuso sexual en otras instalaciones en Tucson, Phoenix y Glendale, así como también casos que datan desde hace más de cinco años en los cuales se describen abuso por parte del equipo profesional en centros de detención, según ha investigado el centro por los derechos civiles ACLU.