La Casa Blanca confirmó hoy la detención desde octubre pasado de más de 52.000 inmigrantes menores de edad que ingresaron al país ilegalmente y reiteraron que estos niños y niñas están sujetos a la deportación a sus países.

"Esta migración de niños la hemos visto durante años", dijo la directora de Política Interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, en una teleconferencia de prensa.

"Pero ahora esta migración ha aumentado por la violencia en los países centroamericanos y porque las bandas criminales le dicen a la gente que una vez que los niños entran a EE.UU. reciben un permiso y se quedarán", agregó.

"Por el bienestar de los niños procuramos comunicar a la población que ése es un viaje peligrosísimo y que el resultado probablemente no será un permiso para quedarse en Estados Unidos", agregó Muñoz.

La asesora legal del Departamento de Seguridad Nacional, Esther Olavarría, enfatizó que la ley de Estados Unidos permite la deportación de menores de edad, ya que uno de los rumores que, según las autoridades estadounidenses, ha intensificado la migración de niños señala que Estados Unidos no deporta a los menores de edad.

"A los niños se les puede deportar y, de hecho, son deportados cada año", señaló Olavarría.

Las funcionarias indicaron que desde el comienzo del año fiscal en curso, el 1 de octubre pasado, más de 52.000 niños, en su mayoría centroamericanos, han sido detenidos después de cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos con México y que luego quedan bajo custodia del Departamento federal de Salud.

En el mismo período se ha deportado a más de 82.000 personas, tanto adultos como niños, según las cifras oficiales.

Otro rumor que alimenta el actual éxodo de menores desde América Central señala que los niños podrán ampararse bajo el "status de protección temporal" (TPS) que Estados Unidos haya otorgado a sus padres o madres.

El Gobierno de EE.UU. ha extendido esos TPS a cientos de miles de centroamericanos que huyeron de sus países debido a desastres naturales como terremotos o huracanes.

"Las personas amparadas por un TPS tienen que estar en Estados Unidos a la fecha cuando se otorga el TPS", dijo Olabarría. "Los niños que vienen después no califican para el TPS", agregó.

Ricardo Zúñiga, que es director para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que los gobiernos de México, Honduras, Guatemala y El Salvador "están preocupados por estos migrantes, ya que hablamos de las personas más vulnerables, el creciente número de niños y niñas menores de 12 años".

"Tenemos la responsabilidad compartida para evitar una crisis humanitaria más amplia que la que ya vemos", agregó Zúñiga, quien recordó que en su visita de la semana pasada a Guatemala, el vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, "habló del tráfico de niños" con las autoridades de esos países.

Zúñiga enfatizó también que "quienes entran a Estados Unidos sin documentos, sean menores o adultos, están sujetos a la deportación y no recibirán los beneficios de una reforma de las leyes de inmigración ni de la 'acción diferida'".

La "acción diferida" responde a un decreto emitido en 2012 por el presidente Barack Obama que dejó en suspenso la deportación de jóvenes nacidos en el exterior y que fueron traídos de pequeños como inmigrantes indocumentados por sus parientes.

Zúñiga explicó que en su reunión en Guatemala Biden anunció que Estados Unidos destinará 40 millones de dólares para la "seguridad ciudadana" en Guatemala, 25 millones para programas de prevención de la delincuencia en El Salvador -incluidos 77 nuevos centros para jóvenes- y 18,5 millones para "policía comunitaria" en Honduras, a fin de enfrentar a las pandillas.

Además, Washington proveerá 161,5 millones de dólares para programas de seguridad en América Central, dijo el funcionario.

Zúñiga advirtió, asimismo, que tanto los adultos como los niños que hayan sido deportados y sean capturados nuevamente por otro ingreso ilegal están sujetos a un trámite de deportación más expedito.

"Los que lleguen, serán devueltos a sus países", dijo.