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¡Cuidado con calificar de criminal al inmigrante!

Las autoridades de inmigración no deben ya más interpretar arbitrariamente qué constituye una “felonía agravada” según decidió la Corte Suprema de Estados…

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Las autoridades de inmigración no deben ya más interpretar arbitrariamente qué constituye una “felonía agravada” según decidió la Corte Suprema de Estados Unidos.

 Un residente legal permanente fue deportado fuera de los Estados Unidos por dos contravenciones menores de posesión de drogas.  La primera por posesión de 2 onzas de marihuana en el 2004, y la segunda por llevar consigo una tableta de Xanax sin prescripción médica en el 2005.

 José Ángel Carachuri Rosendo, nacido en 1978 y quien residiera legal y permanentemente en los Estados Unidos desde 1983 fue deportado y separado de sus cuatro hijos, todos ciudadanos estadounidenses, simplemente por estas contravenciones por posesión en el estado de Texas.

 En un esfuerzo por brindarle algún alivio a José Ángel, la Corte Suprema sugirió que “él podría buscar la cancelación de su remoción y por tanto evitar las severas consecuencias” de su deportación.

 El Juez Antonin Scalia, conocido por sus perspectivas audaces y conservadoras concordó con la decisión de la corte, francamente reiteró que ninguna contravención puede convertirse en una felonía ni siquiera en la más fantasiosa imaginación.

 El progreso más sustancial en el manejo de casos de inmigración se dará cuando el Gobierno federal se sujete al principio declarado en esta decisión: “Las ambigüedades de la ley penal citadas por las leyes de inmigración serán interpretadas en sentido favorable al no ciudadano.”

 ¿Pondrá esto fin al abuso de considerar contravenciones pasadas e incluso meras acusaciones como si se tratara de felonías agravadas?

 Cuando personas no violentas, que no portan armas letales, que carecen de intenciones criminales de robar o matar, son tratadas como criminales por las autoridades de inmigración, la Corte Suprema nos advierte: “debemos ser muy recelosos de esta postura del Gobierno.”

 Las autoridades de inmigración aunados a la falange de aún más arbitrarios delegados estatales y locales están resueltos a atemorizar y castigar duramente a inmigrantes no-criminales y no-violentos.

 A diferencia de la severidad del Gobierno federal, y de la percepción inhumana y racista que pulula en la opinión pública de que todo inmigrante indocumentado es criminal, encontramos un respiro en la sensatez de la Corte Suprema de Justicia.

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