Los muros están de moda y no solo en la Casa Blanca. En Filadelfia es una de las medidas que las autoridades quieren implementar para ponerle freno -al menos un poquito- a la epidemia de adicción a los opiáceos. 

Pero este no es un muro a lo Trump, sino la valla que la alcaldía quiere alrededor de lo que se conoce como El Campamento de Gurney Street -sobre la vía férrea entre Kensington Av. y la 2nd Street, lugar tristemente célebre por ser donde cientos de heroinómanos y drogodependientes levantaron una especie de ciudadela en la que el consumo de drogas y las muertes por sobredosis se dan silvestres (hace casi tres décadas) a solo cuatro millas del centro de la ciudad.

El problema para ponerle fin a este problema es el mismo de siempre, la propiedad privada. Conrail, la empresa dueña de los predios en cuestión, se niega a asumir los costos (entre  3 y 5 millones de dólares) de limpieza y encerramiento.

Parece entonces que la única forma de obligar a la compañía a encargarse del mantenimiento de su propiedad, y de paso ayudar a cerrar para siempre este pequeño infierno que creció en las narices de la ciudad, es dejar de pedirle el favor y pasar a exigírselo por escrito. 

Así lo entendió el alcalde Kenney, quien afirmó en reunión con líderes de la comunidad  que “el Departamento de Licencias e Inspecciones, junto al Departamento de Salud Pública, notificaron a Conrail sobre las violaciones en la que está incurriendo por las condiciones en las que se encuentran sus predios”.

Según el director del Departamento de Licencias, David Perri, luego de varias visitas al lugar la entidad concluyó que la empresa ha incurrido en al menos nueve infracciones a la normatividad de la ciudad. Entre las violaciones se encuentran estructuras en mal estado que representan un peligro para la sociedad, falta de mantenimiento de áreas verdes donde se presencia un crecimiento descontrolado de monte, pésimas condiciones sanitarias y falta de encerramiento en varios puntos.

De acuerdo con el alcalde, en esta oportunidad, por tratarse de una notificación oficial, la empresa está obligada a responder en un plazo de 30 días al llamado. De no hacerlo, la administración municipal podrá emprender acciones legales para obligarla a ponerle fin a uno de los puntos más deprimidos de la ciudad.

Este es el más reciente paso que las autoridades toman para cerrar definitivamente un sector que, como lo señaló el Philadelphia Inquirer en una editorial de febrero pasado, se convirtió en una “tierra de desechos humanos”.

Aunque la comunidad recibió con agrado la noticia, varios líderes expresaron sus dudas sobre si los pasos dados por la alcaldía son suficientes para solucionar el problema. Gloria Cartagena, presidenta de Somerset Neighbors For Better Living, una organización comunitaria que dona alimento a drogodependientes del sector, señaló que “esto es un buen comienzo, espero que tanto la alcaldía como Conrail lleguen a un acuerdo pronto para poder ayudar a la gente que se encuentra allá, no solo individuos, también familias completas que viven en condiciones muy tristes”.

Por su parte, el capitán Javier Rodríguez, al mando del Distrito Policial 25, dice que la situación es tan compleja que todo lo que se haga en el lugar debe tener un enfoque integral, cuyos logros se verán a largo plazo.

“El objetivo no es solo sacar a la gente de ahí, porque eso generaría una ola de indigencia en las calles. Este problema hay que atacarlo desde diferentes ángulos: buscando la mejor manera de ayudar a los drogadictos, aumentando los operativos contra los expendedores de drogas; creando oportunidades de trabajo para la gente y facilitando el acceso a la educación de los niños”, señaló Rodríguez. 

Mientras se espera el informe final del equipo especial que el alcalde Kenney conformó para encontrarle soluciones a la epidemia de adicción que azota a la ciudad, pasarán por ahora otros 30 días antes de que se sepa qué sucederá con esta tierra de nadie en la que las autoridades y Conrail han jugando a la papa caliente y otros han sido los quemados.