“DACA es un sueño. Trump, una pesadilla”. Así rezaba la pancarta de un manifestante filadelfiano la mañana del martes 5 de septiembre. Ese día, mientras decenas de “dreamers” (soñadores), líderes sociales y políticos de la ciudad se daban cita en el número 200 de la calle Chesnut, al frente de las oficinas del Departamento de Justicia, en Washington el presidente Donald Trump anunciaba la suspensión del programa de Acción Diferida par los Llegados en la Infancia (DACA).

La noticia, aunque se esperaba, cayó como un balde de agua fría sobre las esperanzas que aún arropaban los casi 5.900 “soñadores” de Pensilvania de que el presidente mostrara una pizca de compasión. Sin embargo, y al mejor estilo de Poncio Pilatos, Trump decidió su futuro lavándose las manos y pasándole la ‘papa caliente’ al Congreso, que ahora tiene plazo hasta el 6 de marzo de 2018 para crear una ley que reemplace a DACA.

En Filadelfia las reacciones no se hicieron esperar. Una de las primeras organizaciones en levantar la voz de rechazo fue Juntos. Sobre la suspensión del programa, Érika Almirón – directora– afirmó que no se puede calificar como justas las políticas migratorias impulsadas desde la Casa Blanca. “Ponerle fin a DACA no es una política buena, no se trata –como argumentan– de proteger a nuestras familias, sino de criminalizarnos”, dijo.

Por su parte, la organización Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition, coliderada por ls ex dreamer María Sotomayor,  redobló sus esfuerzos para brindar acompañamiento técnico y legal a todos aquellos “soñadores” que estén en proceso de renovación del DACA. La PICC puso en marcha una intensa campaña de talleres para brindar información clave sobre cómo tramitar la renovación antes del 5 de octubre, fecha límite para este proceso. Toda la información sobre estos talleres, que se están tomando durante esta y la próxima semana. Consulte aquí la programación de talleres proDACA de PICC.

“Ponerle fin a DACA no es una política buena, no se trata –como argumentan– de proteger a nuestras familias, sino de criminalizarnos”: Érika Almirón, directora de Juntos

Otras de las voces que se sumaron a la ola de solidaridad fue la del fiscal estatal Joe Shapiro, quien junto con otros 15 fiscales generales estatales demandó la suspensión de DACA por considerarla una medida ilegal.
En declaraciones dadas a la periodista Mónica Zorrilla, redactora de este medio, Shapiro afirmó que el argumento central de la demanda es el incumplimiento del Gobierno federal al compromiso que tenía con los "dreamers". “Los beneficiarios del DACA se basaron en una promesa hecha por el Gobierno federal de que, a cambio de compartir su información personal (para obtener el beneficio), esta no se usaría en su contra para deportarlos -a menos que, por supuesto, violen la ley”.

En Harrisburg, el representante estatal Chris Rabb, llamó la atención de sus colegas legisladores para que la Cámara de Representantes vote lo antes posible el proyecto de ley HB1604, conocido también como Police and Community Safety Act, una iniciativa que busca convertir a Pensilvania en un estado santuario al limitar la cooperación entre autoridades policiales estatales y autoridades migratorias federales en casos que no sean de gravedad o que no estén respaldados por una orden judicial de una corte federal.  

También en el campo legal, pero desde Filadelfia, el candidato demócrata –y seguro ganador– a la Fiscalía Distrital Larry Krasner afirmó en declaraciones dadas a AL DÍA durante el relanzamiento de su campaña que hará todo lo que esté en su poder para apoyar y proteger a los “dreamers” de la ciudad.

Entre las medidas que el probable futuro fiscal implementará está el modelo del fiscal de Brooklyn Eric González, quien blindó cualquier posibilidad de que los inmigrantes que enfrentan cargos por ofensas menores enfrenten también consecuencias migratorias. 

Aunque la solidaridad es fundamental en momentos de crisis, lo cierto es que hoy se necesitan más acciones que palabras. Mientras el país mira con asombro la destrución que Harvey e Irma dejaron sobre Texas y Florida, el anuncio de Trump es peor que los dos huracanes juntos sobre una población de 886.814 beneficiarios de DACA, equivalente al 56 por ciento de la población de Filadelfia.