El próximo 7 de noviembre, Filadelfia acudirá a las urnas con el fin de elegir a nueve jueces de la Corte de Primera Instancia del Condado (Court of Common Pleas), dos para la Corte Municipal, el controlador y el o la fiscal distrital. 

Uno de los cargos más taquilleros es precisamente el último. No solo porque, con un presupuesto de $36 millones y una planta de 600 funcionarios, la Fiscalía Distrital de Filadelfia es el órgano procesal más grande de Pensilvania (investiga más de 50.000 casos anuales), también porque es visto como un trampolín para saltar a la arena política –o a la cárcel, en el caso de Seth Williams–.

Beth Grossman (republicana) y Larry Krasner (demócrata) son los llamados a protagonizar esta carrera que algunos comparan con la pelea entre David y Goliat, por aquello de que Filadelfia es una ciudad de mayorías demócratas y el cargo tradicionalmente ha estado bajo control del partido azul.

La Fiscalía Distrital de Filadelfia es el ente procesal más grande del estado con un presupuesto de $36.000 millones, una planta de 600 funcionarios y más de 50.000 casos procesados cada año.

De Grossman hay que decir que tiene experiencia. Ha sido fiscal durante los últimos 21 años, tiempo en el que no solo ha investigado delitos y procesado a criminales; también en el que ha tenido la oportunidad de forjar una carrera ejecutiva al frente de la Public Nuisance Task Force, una fuerza que entre otras está a cargo de realizar los polémicos operativos de Civil Asset Forfeiture (incautación de bienes civiles involucrados en la comisión de delitos).

Grossman afirma haber sido demócrata hasta hace algunos años, cuando empezó a ver que cada vez más funcionarios demócratas terminaban en problemas con la justicia por temas de corrupcón. Fue así como decidió cambiar de partido y “contribuir con el equilibrio del poder” en Filadelfia.

Por su parte, Larry Krasner es otro cuento. Su oponente le critica el no saber lo que es ser fiscal (Krasner siempre ha ejercido como abogado defensor), sin embargo aunque carece de esa experiencia, eso no quiere decir que sea un recién aparecido en la escena.

Aunque es un outsider en el escenario político local, Larry Krasner se convirtió en el candidato demócrata sorpresa luego de liderar una campaña progresista en la que prometió impulsar una especie de revolución al interior de la Fiscalía.

Consiguió la candidatura el pasado 16 de mayo cuando arrasó en las elecciones primarias demócratas con más de 58.000 votos (el 38 por ciento de los sufragios), pasando por encima de “pesos pesados” como Richard Negrin, Joe Khan y Michael Untermeyer.

Con más de 25 años de ejercicio profesional representando a personas que en la mayoría de las veces han enfrentado cargos criminales, Krasner se ha posicionado como un reformador en potencia. 

AL DÍA presenta un resumen de los puntos de vista principales que ambos candidatos defendieron durante sus entrevistas con nuestro equipo editorial de cara a las elecciones generales de noviembre. 

Uno de los temas principales es cómo darle la vuelta a una institución tan desprestigiada y temida como la Fiscalía, cuyas últimas cabezas fueron el tristemente célebre Seth Williams -condenado por corrupción-, y Lynne Abraham que, con 108 penas de muertes en dos décadas, se convirtió en la cuarta fiscal más fatal de Estados Unidos, según el estudio America’s top 5 Deadliest Prosecutors, publicado por el Fair Punishment Project en junio del año pasado.

Grossman –que viene de hacer escuela en el era Abraham– y Krasner saben que no solo hay que poner la casa en orden, sino también someterla a una reestructuración exhaustiva. 

Para Grossman lo más urgente es "recobrar la confianza de la gente" y eso pasa por un trabajo de actualización de los estándares éticos de la Fiscalía. Para hacerlo, propone realizar entrenamientos en la materia. “Si hay algo que no sea apropiado o ético sobre una persona procesada, un caso en curso o un oficial de la policía... hay que reportarlo”, dice. 

A la cuestión ética, la candidata republicana le suma la necesidad de implementar una política de transparencia. “Creo que la sociedad debe poder ver nuestras estadísticas sobre a quiénes procesamos, qué casos son rechazados, cuáles son las características de los acusados y de las víctimas, y el número de condenas que se logren”. 

Dentro de los cambios que Grossman espera desarrollar también está el asunto de la accesibilidad de comunidades inmigrantes que no hablan inglés. Según ella,

“el que la gente no tenga acceso en su idioma hace que le teman al sistema. Nosotros le prestamos un servicio a la gente y la gente debe saber cómo acceder a esos servicios”.

Por su parte, Krasner afirma que todos sus objetivos se interrelacionan y que la mejor manera de articularlos es a través de un cambio cultural en la manera como los fiscales investigan y procesan los delitos en Filadelfia. 

“Un aspecto fundamental de ese cambio es entender que cuando uno hace un juramento para hacer justicia tiene que entenderla, no en términos matemáticos de maximizar condenas, sino en términos de costos, beneficios y efectividad de esa labor”, afirma.

Krasner se refiere a la implementación de una justicia quizá mucho más amplia que el alcance de las competencias del Fiscal Distrital; una justicia social que, sin embargo, pasa por aplicar un enfoque humano que valore el contexto socioeconómico de los procesados, y alternativo, que mantenga al mayor número posible de personas fuera de las cárceles.

Cómo disminuir la población carcelaria de la ciudad es otro de los temas clave y urgentes de esta campaña. 

El sistema de justicia criminal de Filadelfia pone tras las rejas a más personas que el resto de las principales ciudades del país, y aunque la población carcelaria se redujo en casi un 20 por ciento –de 8.000 en julio de 2015 a 6.604 en junio de este año–, aún existen demasiadas cosas por hacer.

En este aspecto, ambos candidatos coinciden en la necesidad de fortalecer e implementar más programas de alternatividad penal (lo que en inglés se llaman “diversion programs”).

Por un lado, Krasner reconoce la importancia de mantener esfuerzos como los financiados por la Fundación MacArthur, que le donó 3,5 millones de dólares al condado para desarrollar programas de alternatividad penal que, según señala, ya han empezado a mostrar resultados, de la mano de la juez Marshal Neifield.

En este punto, Grossman asegura que su “objetivo no es aumentar los encarcelamientos, sino reducirlos a las proporciones justas”. Dice que hay que implementar un enfoque preventivo y seguir con programas como los pre-arrest diversion, youth court programs y re-entry programs. 

“Prefiero eso, porque con esos programas obtenemos más logros, especialmente con nuestra juventud, que es la población más vulnerable”, asegura Grossman.

“Mi objetivo no es aumentar los encarcelamientos, sino reducirlos a sus justas proporciones”, Beth Grossman.

Por su parte, Krasner asegura que el sistema se encuentra colapsado por la cantidad de casos que se procesan y que son llevados ante un juez. Casos que en muchos casos son delitos u ofensas menores, como la posesión dosis personales de marihuana. 

Insiste en la necesidad de aumentar la cantidad de casos que se envían a los programas alternativos para descongestionar a las cortes, los jueces y a los mismos fiscales, con lo cual se gana tiempo y espacio para que puedan hacerse cargo de investigar y juzgar casos de real importancia. 

Krasner afirma que aun cuando las normas estatales para la formulación de sentencias son muy duras, eso no significa que fiscales y jueces estén obligados a seguirlas al pie de la letra, porque -destaca- “apenas sugieren lo que un grupo de legisladores piensa sobre lo que es una buena condena”.

Señala que hay que tener en cuenta que “buena parte de esos legisladores vienen de lugares que se benefician financiera y políticamente del encarcelamiento masivo de filadelfianos en las prisiones del estado”.

Para Krasner otra forma de reducir la población carcelaria del área metropolitana es acortando los tiempos de detención de personas que han sido capturadas “incluso por razones estúpidas como la presencia de cannabis en su sistema. Esa no es razón para que los contribuyentes de Filadelfia tengan que pagar 135 dólares diarios que les cuesta mantener a alguien bajo custodia”.

Filadelfia es una de las ciudades más pobres y desiguales de Estados Unidos. Los pobres aquí son mayoría y la mayoría de los pobres son afroamericanos y latinos. 

Para nadie es un secreto que el sistema de justicia criminal en Filadelfia ha funcionado como un instrumento de profundización de esas desigualdades.

Muchas personas permanecen indefinidamente tras las rejas –sin juicio– en las cárceles de la ciudad por cuenta de que no tienen recursos suficientes para pagar una fianza.

Krasner no vacila en tildarlo como un “sistema terrible” que mantiene a mucha gente pobre en prisión.

Grossman afirma que es consciente de que en muchos casos el tema de la imposición y pagos de fianzas tiene un efecto directo en el crecimiento de la población carcelaria y “causa mucho daño a nivel familiar y de la sociedad”. 

Dice que estaría dispuesta a revisar caso por caso y buscar una reducción en las fianzas al mismo estilo que se está haciendo en New Jersey, donde se hace un cálculo y tasación de las fianzas según el riesgo que el acusado represente para la sociedad. 

En el país habitan hoy cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados, quienes sobreviven en medio de un clima de terror impuesto por el presidente Donald Trump y su fiscal general Jeff Sessions. 

Mientras la política migratoria tiende a acorralar a los inmigrantes, romper los sueños de los ‘dreamers’ y perseguir a las llamadas ciudades santuario, la pregunta que queda en el tintero es cómo desde la Fiscalía Distrital de Filadelfia se tratará a aquellos indocumentados que caigan bajo arresto por una ofensa menor.

En este punto Grossman se desmarca del partido republicano y dice que una cosa es el nivel nacional y otra el municipal. En principio, afirma que no es competencia de la Fiscalía ejecutar ninguna solicitud de ICE, que no es trabajo del ente indagar el estatus migratorio ni de víctimas ni de sospechosos.

Sin embargo expresa que en el tratamiento de la justicia siempre hay que evaluar la particularidad de cada caso y asegurar que, de resultar arrestado, un inmigrante indocumentado no enfrente a ICE en caso de que sus delitos sean de menor importancia.

Por su parte Krasner cuestiona la arremetida antiinmigrante del Gobierno. 

El demócrata aseguró que, de resultar elegido, su oficina buscará implementar una estrategia parecida a la que su colega Eric González ya aplica en Brooklyn, quien tiene a un equipo de fiscales estudiando caso por caso para asegurarse de que ningún inmigrante indocumentado enfrente consecuencias migratorias por la comisión de delitos menores.