El Gobierno chileno promulgó este lunes la reforma tributaria que busca incrementar la recaudación fiscal en 1.000 millones de dólares anuales para financiar mejoras en el sistema educativo.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, oficializó este lunes en una escuela de Santiago la entrada en vigor del nuevo plan fiscal que pretende mitigar las demandas de los estudiantes, que en el último año y medio se han manifestado masivamente para reclamar una educación gratuita y de calidad.

Entre sus aspectos centrales, la reforma sube de un 17 por ciento a un 20 por ciento el impuesto a las grandes empresas y modifica la carga impositiva para las personas, al establecer una rebaja adicional para los tramos de menores ingresos.

Asimismo, la normativa fija un mecanismo de descuento tributario para las familias que tengan hijos estudiando, sistema sobre la base del cual se le devolverá dinero por concepto de impuestos.

"Esta reforma tributaria significa un gran salto adelante en ese objetivo doble de darle a todos nuestros niños y nuestros jóvenes una educación de calidad", argumentó Piñera, quien firmó la iniciativa legislativa junto a los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y de Educación, Harald Beyer.

Así, el Ejecutivo chileno ratificó el mandato del Congreso chileno que el pasado 5 de septiembre aprobó la reforma tributaria, después de cuatro meses de dura discusión parlamentaria entre los partidos de la oposición y del oficialismo.

Piñera destacó que con esta modificación fiscal se defiende el derecho a acceder a una educación de calidad y equidad, así como el resguardo de la libertad de los padres a escoger la educación que quieran para sus hijos.

"Así, tenemos un sistema para la educación, desde la sala cuna, escolar y superior, que garantiza que en nuestro país la educación pasa a ser un derecho, un derecho que tienen todos los niños y jóvenes de nuestro país a una educación de calidad", agregó.

El Ejecutivo se vio obligado a presentar esta reforma tras más de un año de movilizaciones estudiantiles espoleados por la desigualdad y ahogados por las deudas de un sistema educativo que fue diseñado en plena dictadura militar y que en democracia se mantiene vigente.

Pese a la aprobación de esta reforma, los estudiantes continúan con sus protestas.

Así, el próximo jueves 27 de septiembre los estudiantes secundarios realizarán una marcha por las calles de Santiago para reclamar un compromiso del Gobierno en la mejora del sistema educativo.

Los estudiantes abogan por una educación pública, gratuita y administrada en el nivel básico y secundario por el Gobierno central y no por las municipalidades, y a nivel universitario buscan el fin del lucro existente en muchos centros privados y de los altos costes de las carreras, que deben solventar con créditos del sistema financiero. 

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Lauren Bateman