El Gobierno de EE.UU. consideró que tras
el juicio contra el exdictador José Efraín Ríos Montt se abre una
"oportunidad para el progreso hacia una verdadera reconciliación en
Guatemala".

"Tomamos nota de la decisión del tribunal
guatemalteco y reafirmamos la importancia de un sistema judicial fuerte y
transparente como un componente esencial de la democracia", dijo un portavoz del Departamento de Estado, que pidió el anonimato.

"Vemos una oportunidad para el progreso hacia una verdadera
reconciliación en Guatemala, un paso esencial para que el pueblo
guatemalteco continúe avanzando como todos esperan", agregó la fuente.

El portavoz destacó, sin embargo, la importancia de recordar que no
era Guatemala como país el que estaba en juicio, sino dos individuos,
"uno de los cuales fue absuelto y el otro, condenado".

El
portavoz reaccionó así a la condena de 80 años en prisión contra Ríos
Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad, y la absolución de
su antiguo director de Inteligencia, el general retirado José Rodríguez.

Los abogados de Ríos Montt tienen previsto iniciar una nueva batalla legal para revertir la histórica sentencia.

El general retirado, de 86 años, pasó su primera noche en el Cuartel
Matamoros, en la capital, a donde fue remitido luego de ser declarado
culpable el viernes de genocidio y delitos contra la humanidad durante
su régimen de facto, entre 1982 y 1983.

El próximo 17 de mayo
está previsto que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo efectúe la
lectura íntegra de la sentencia de condena contra Ríos Montt y la
absolución de Rodríguez.

A partir de esa fecha, los abogados
del exdictador tendrán un periodo de diez días para apelar la sentencia y
el Ministerio Público (MP) tendrá el mismo plazo para presentar alguna
apelación por la absolución de Rodríguez.

El general golpista fue declarado culpable el pasado 10 de mayo por genocidio y crímenes de guerra y condenado a
80 años de prisión. Es considerado el personaje más polémico de la historia reciente
de Guatemala, y quizá el que más odios y amores genera entre la divida sociedad guatemalteca.

Después de un largo proceso judicial que se inició en el año 2000 con
las denuncias presentadas en su contra por organizaciones de
supervivientes y familiares de las víctimas de la cruenta represión
desatada por el Ejército a su mando en contra de civiles, la Justicia le
ordenó pagar por lo que él siempre calificó como "excesos".

A
sus 86 años, este anciano militar, que siempre se declaró inocente de
las acusaciones que se presentaron en su contra tanto en Guatemala
como en España, nunca negó los crímenes cometidos por las Fuerzas
Armadas durante los meses que gobernó de facto el país (marzo de 1982 a
agosto de 1983).

Sin embargo, aseguró ante el Tribunal Primero
A de Mayor Riesgo que este viernes lo condenó a 80 años de prisión, no
haber ordenado "nunca" que se atentara contra una etnia, como lo acusó
la Fiscalía y las organizaciones que participaron como querellantes en
el juicio.

Los ocurrido durante los 15 meses que fue jefe de
Estado, dijo, fue responsabilidad exclusiva de los comandantes de las
bases y destacamentos militares ubicados en los diferentes territorios
del país, y sobre lo que él, insistió, "nunca" estuvo enterado.

Según el fallo del tribunal, Ríos Montt fue "responsable intelectual"
de la muerte de al menos 1.771 indígenas ixiles, a manos de miembros del
Ejército que actuó bajo sus órdenes y con base en los planes militares
diseñados y aprobados por él.

Desde 1974, cuando se presentó
como candidato presidencial del desaparecido partido Democracia
Cristiana, hasta la fecha, Ríos Montt ha sido uno de los más destacados y
polémicos protagonistas de la vida política de Guatemala.

Resaltó como militar de línea dura, pastor de una congregación
evangélica fundamentalista, mesiánico líder político de derechas, eterno
aspirante a la Presidencia, e icono de la brutal represión desata por
el Ejército durante los años más cruentos de la guerra interna que vivió
Guatemala entre 1960 y 1996.

Ese conflicto, que se saldó con más de 200.000 muertos, 45.000
desaparecidos y más de un millón de desplazados internos, dividió y
polarizó a la sociedad guatemalteca, que a pesar de los 16 años
transcurridos desde la firma de la paz, no logra concretar su
reconciliación.

El 23 de marzo de 1982, Ríos Montt integró la
Junta Militar designada por los oficiales jóvenes del Ejército que por
medio de un golpe de Estado derrocaron al entonces presidente, el
general Fernando Romeo Lucas García.

Tres meses después
disolvió la Junta Militar y se proclamó jefe de Estado, presidente de la
República y comandante general del Ejército.

Una de sus
primeras medidas fue la puesta en marcha de los Tribunales de Fuero
Especial, en los que los jueces con el rostro cubierto condenaron a
muerte a 16 personas, y obligar a los indígenas a integrarse a las
denominadas Patrullas de Autodenfesa Civil, grupos paramilitares de
control y represión.

Según diversas fuentes académicas y
defensores de los derechos humanos, durante los 15 meses que Ríos Montt
gobernó de facto, el Ejército perpetró más de 250 matanzas colectivas de
indígenas, principalmente en las zonas del oeste y noroeste del país,
con un saldo de más de 25.000 muertes.

El 8 de agosto de 1983,
Ríos Montt fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por su
entonces ministro de la Defensa, el general Óscar Humberto Mejía
Víctores, quien gobernó el país hasta enero de 1986, cuando se instauró
la democracia.

A finales de 1989, Ríos Montt fundó el Frente
Republicano Guatemalteco (FRG), el partido que le permitió ser reelegido
como diputado del Congreso desde 1994 hasta 2012, cuando concluyó su
último período legislativo.

A pesar de que la Constitución
guatemalteca prohíbe a caudillos y golpistas presentarse como candidatos
a la Presidencia, Ríos Montt logró el apoyo de la Corte de
Constitucionalidad para inscribirse como aspirante al cargo en las
elecciones de 2003, que perdió de forma aplastante.

En
diciembre de 1999 la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú,
presentó una querella contra ocho exaltos cargos militares, Ríos Montt
entre ellos, ante la Audiencia Nacional de España.

La denuncia
de Menchú por genocidio, torturas y terrorismo de Estado, fue admitida a
trámite por el juez del tribunal español Guillermo Ruiz Polanco el 27
de marzo de 2000, que meses después emitió una orden internacional de
captura con fines de extradición a España, la cual nunca se concretó.

Aunque el proceso penal ante la Justicia española continúa abierto,
en diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal
guatemalteco, dejó sin efecto lo actuado por la Audiencia Nacional por
considerar que el alto tribunal español no tenía competencia para juzgar
a guatemaltecos.

En el año 2000, la Asociación por la
Justicia y la Reconciliación, integrada por familiares de las víctimas
de la represión, presentó una denuncia penal ante los tribunales
guatemaltecos por genocidio en contra de Ríos Montt y otros militares
retirados.

En enero de 2012, tras cumplir su último período
como diputado y perder la inmunidad, Ríos Montt se presentó ante la
Justicia para responder a las acusaciones en su contra presentadas en
2007 y una jueza lo ligó a proceso y ordenó su prisión preventiva
domiciliaria, situación en la que se encontraba hasta su condena.