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El Tribunal Supremo de Justicia de Estados
Unidos decidirá mañana viernes si se ocupa de los pedidos de asilo de un
salvadoreño y un hondureño, quienes alegan que han huido de las
pandillas en sus países y estarán en peligro si son deportados.

Ambos hombres han pedido al tribunal de la más alta instancia que
revise las decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración que
afirmaron las decisiones de jueces que negaron sus pedidos de asilo.

Y en ambos casos lo que está en juego es la definición de un "grupo
social particular" sobre la cual se determinan los casos que merecen
asilo en Estados Unidos.

La decisión del Tribunal Supremo podría conocerse el lunes próximo.

Oscar Alexander Granados Gaitán, oriundo de El Salvador, ingresó en
Estados Unidos en abril 2002 escapando, según argumenta, del
reclutamiento de la Mara Salvatrucha o "MS-13", una pandilla que opera
en América Central y en ciudades estadounidenses.

Aproximadamente dos años antes, cuando Gaitán tenía 12 de edad, miembros
de la MS-13 intentaron incorporarlo a su banda y el adolescente rechazó
la gestión y las repetidas invitaciones y presiones de los pandilleros.

Aunque Gaitán nunca sufrió daño físico en estos encuentros, los
miembros de la pandilla sí amenazaron con herirlo y dañar a su familia
si no se unía a la "mara".

El 10 de agosto de 2007 el
Departamento de Seguridad Nacional inicio los tramites para deportar a
Gaitán pero sus abogados pidieron asilo bajo los términos de la
Convención contra la Tortura, alegando que el salvadoreño era miembro de
"un grupo social particular" de varones jóvenes amenazados por las
pandillas.

Por su parte Edwin José Veláquez Otero, nacido en
Honduras en 1990, alega que ingresó sin documentación a Estados Unidos
en 2006 después de sufrir varias palizas a manos de pandilleros en su
país porque se negó a incorporarse a las bandas.

Velásquez, al igual que Gaitán, alega que es miembro de un grupo social particular y debería otorgársele asilo.

Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad un extranjero puede
calificar para que se le considere como "refugiado" y por lo tanto
elegible para recibir asilo, si no quiere o no puede retornar a su país
de origen "debido a un temor bien fundamentado de persecución debido a
que es miembro de un grupo social particular".

Quienes piden
asilo bajo esos términos deben demostrar que su grupo posee "visibilidad
social" y "particularidad", pero en definitiva la determinación depende
del criterio de las autoridades de inmigración.

Para
sustentar su pedido Gaitán dio testimonio ante las autoridades sobre su
experiencia en El Salvador y los esfuerzos de las pandillas para
reclutarlo.

Gaitán presentó además documentos escritos que se
refieren a las dificultades que enfrentan en El Salvador los jóvenes que
se resisten a la coerción de las "maras".

El caso del
hondureño Velásquez es un poco diferente: el gobierno presentó en 2006
ante un juez de inmigración un documento del Departamento de Estado
según el cual, debido a sus recursos limitados, las autoridades
policiales de Honduras encaraban un reto difícil de las pandillas pero
que el combate contra ellas era prioritario.

Según ese
documento la violencia de las pandillas era, principalmente, un problema
urbano y, aunque el reclutamiento se enfocaba en los varones de 13 a 20
años de edad, la incorporación era mayormente voluntaria, y los
esfuerzos de enrolamiento eran raros fuera de las prisiones.

Velásquez alegó que si lo deportaban a Honduras estaría allá desamparado y sin apoyo familiar.

El juez incluso aceptó el argumento de que Velásquez podría ser
atacado por las pandillas porque no tendría hogar y porque las ropas y
otros efectos que hubiera adquirido durante su estancia en EE.UU. harían
que los pandilleros creyeran que era un hombre rico.

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