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Decenas de miles de inmigrantes
indocumentados en EE.UU continúan en un limbo legal porque, pese a que
la Administración Obama ordenó suspender sus trámites de deportación,
las autoridades sólo han revisado 1,9 por ciento de los casos.

En
agosto de 2011, el presidente Barack Obama anunció que el Departamento
de Seguridad Nacional (DHS) comenzaría a revisar "caso por caso" los
procesos judiciales de unos 300.000 indocumentados en vías de
deportación, lo que permitiría a muchos de ellos no sólo quedarse en el
país, sino además solicitar licencias de conducir y permisos de trabajo.

La idea, según explicó entonces el DHS, era dar prioridad a la
deportación de indocumentados con antecedentes penales o que supusieran
una amenaza para la seguridad nacional.

De hecho, en el año
fiscal 2011, el Gobierno de Obama deportó a casi 400.000 indocumentados,
la mayor cifra registrada hasta entonces. De ellos, casi el 55 por ciento eran
individuos con antecedentes penales.

La Oficina de Inmigración
y Aduanas (ICE, en inglés) se había fijado la meta de cerrar los casos
considerados de "baja prioridad", si era posible incluso antes de que
llegaran ante un juez de Inmigración.

Lo que ha pasado sobre el terreno es desalentador.

Para el pasado 28 de junio, los agentes de ICE sólo habían logrado
cerrar un total de 5.684 casos, aun cuando continúa insistiendo en que
la meta es reducir la montaña de casos acumulados en los tribunales de
Inmigración.

El número de casos cerrados bajo la nueva
directriz anunciada en agosto de 2011 apenas conforma el 1,9 por ciento de los
298.173 casos pendientes ante los tribunales migratorios para finales de
septiembre del año pasado, según el proyecto "TRAC" de la Universidad
de Syracuse.

El mayor número de los casos cerrados a
"discreción" de los jueces, un total de 3.060, pertenecían a
indocumentados mexicanos, según un informe divulgado el lunes por
"TRAC".

Además de México, entre los países latinoamericanos
más representados en esos casos figuran Guatemala, El Salvador,
Honduras, República Dominicana, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia,
Venezuela y Nicaragua, en ese orden.

En general, los
indocumentados han tenido que esperar un promedio de 803 días desde el
día en que fueron acusados de una infracción migratoria y sometidos al
trámite de deportación hasta la fecha en que se cerró su caso.

A manera de comparación, el cierre de otros casos migratorios ha tomado un promedio de 385 días en este año fiscal en curso.

Los tribunales de Inmigración en Los Angeles (California), Denver
(Colorado), y San Francisco (California), en ese orden, lideraron la
lista de tribunales con el mayor número de casos cerrados bajo el
programa anunciado en agosto de 2011.

Según los documentos
judiciales, sólo 294 del total de 5.684 casos cerrados, o un cinco por
ciento, eran de personas que no tuvieron representación legal. El 95 por ciento restante sí contrató los servicios de un abogado, lo que supone un gasto
adicional.

Estas deportaciones suspendidas, también conocidas
como "acción diferida", siempre han formado parte de la política
migratoria de Estados Unidos tanto bajo un Gobierno republicano como
bajo uno demócrata.

La novedad, y las críticas que ha generado
en círculos conservadores, quizá se deba a la cantidad de casos bajo
revisión judicial.

El problema es que la mayoría de estos
inmigrantes indocumentados sigue esperando una decisión sobre sus casos,
siempre bajo la amenaza del arresto o deportación.

Uno de los
principales críticos de la "acción diferida" ha sido el presidente del
Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Lamar
Smith, quien considera que la suspensión de la deportación no es más que
una "amnistía por la puerta trasera".

Pero la suspensión de
la deportación ni es una dádiva ni es una "amnistía" -porque no les
confiere la residencia permanente en absoluto- sino que es un antídoto
temporal al maltrecho sistema de inmigración en Estados Unidos, que no
responde a las necesidades del actual mercado laboral en el país.

Es un balón de oxígeno que evita la asfixia de quienes afrontan el reto diario de pagar facturas y mantener una familia.

El Congreso está muy lejos de siquiera debatir una reforma migratoria
integral, pero las demoras de ICE son igual de dañinas. 

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