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La quincena de muertos durante un operativo
policial de desalojo de campesinos "sin tierra" el pasado 16 de junio en el noreste de
Paraguay obligó a renovar la cúpula policial y reabrió el debate
sobre el enquistado conflicto por la tierra en este país.

En
sendas ceremonias, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, tomó
juramento al nuevo ministro de Interior, Rubén Candia Amarilla, y al
comandante interino de la Policía, Arnaldo Sanabria, quienes
sustituyeron a los destituidos Rafael Filizzola y Paulino Rojas,
respectivamente.

Los cambios se produjeron después de que al
menos seis policías y nueve campesinos "sin tierra" perdieran la vida
este viernes en un insólito enfrentamiento a tiros durante una operación
de desalojo en una hacienda en Curuguaty, distrito de Ybyrá Pytá, a 380
kilómetros al noreste de Asunción.

En ese choque, en el
departamento de Canindeyú, colindante con el estado brasileño de Paraná,
resultaron también heridas 20 personas y fueron detenidos un número aún
no confirmado de campesinos, según las últimas informaciones oficiales.

También fueron hallados este sábado dos cuerpos de los campesinos en
un área boscosa de la hacienda afectada, mientras que representantes de
los "sin tierras" aseveraron que al menos 40 ocupantes del terreno
siguen ocultos y atemorizados en el monte.

Fuentes de la
Fiscalía también informaron de la imputación de nueve labradores por los
cargos de homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa,
lesión grave, asociación criminal, coacción y coacción grave.

El hecho, de gran repercusión en los medios de prensa, motivó reuniones
de urgencia ayer mismo del Poder Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema
de Justicia, que condenaron lo ocurrido, y reavivó la discusión sobre
la tenencia y distribución de la tierra en el país suramericano.

Desde hace décadas, se registran ocupaciones de tierras por parte de
grupos de "sin tierras" que acusan al Estado de haber distribuido
ilegalmente terrenos a los latifundistas y grandes productores
agrícolas, principalmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner
(1954-1989), pero nunca antes se había llegado a este grado de
violencia.

"La violencia en el campo es fruto de la
desigualdad en la tenencia de la tierra", dijo hoy a Efe el analista
Alfredo Boccia, quien aseveró que lo ocurrido ayer era de esperarse.

Durante el régimen "stronista", casi 6,75 millones de hectáreas
fueron adjudicadas irregularmente y otro millón más en los 15 años
siguientes a la caída de la dictadura, lo que representa el 64,1 por
ciento del total de tierras entregadas, según un informe de 2008
elaborado por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ).

Las
tierras "mal habidas", según la CVJ, representan el 32,7 por ciento de
la superficie arable del país y el 19,3 de todo el territorio nacional,
pero el Estado se ha mostrado incapaz de lograr su recuperación.

"En algún momento, algún sector se cansa de esperar y ocurren estas
cosas que nos duelen y ofenden. Uno diría que se puede solucionar de
otro modo, pero siguen diciendo a los gritos que acá hay una cuestión de
fondo", insistió el analista.

La matanza ocurrida en la
víspera "tiene que ser una sacudida que nos haga pensar que es imposible
vivir en paz con tanta desigualdad", demandó.

"Hoy ocurrió en
Canindeyú, pero puede ser en otro lugar mañana (...). Es insostenible
que un país viva con tanta desigualdad", insistió Boccia.

Por
su parte, Candia Amarilla dijo en una rueda de prensa tras asumir el
cargo de Interior que "las prioridades están a la vista, no necesitan
muchos comentarios" y que ejercerá su función "con la ley en la mano".

Comentó que puso como condiciones a Lugo para asumir la cartera "el
cumplimiento irrestricto de las disposiciones legales, el Estado de
Derecho y el sistema de legalidad de convivencia".

El
enfrentamiento en Canindeyú, en la hacienda del empresario y político
paraguayo Blas N. Riquelme, obligó al Gobierno a enviar el viernes
tropas de las Fuerzas Armadas a esa región para apoyar las tareas de la
policía.

Una fuente policial dijo hoy a Efe que los militares
aguardan la orden para entrar en las zonas boscosas a buscar a los
campesinos que se dieron a la fuga tras el tiroteo, que el saliente
Filizzola describió como una emboscada de los "sin tierras" a los
policías.

Entre los muertos se encuentran el jefe del Grupo
Especial de Operaciones (GEO), Erven Lovera, y su asistente, Osvaldo
Sánchez, quienes fueron sepultados hoy al igual que los otros cuatro
agentes tras emotivos actos en los que participaron sus camaradas.

El nuevo comandante de la Policía expresó tras asumir el cargo, que
sus hombres "de ninguna manera son responsables o culpables" de lo
ocurrido, "pues las orientaciones impartidas fueron estrictamente
ajustadas a las reglamentaciones legales pertinentes".

"Lamentablemente, mentes perversas han planeado acciones criminales de irreparables consecuencias", condenó.

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