Spanish

El Gobierno de México
expresó este viernes su "pleno compromiso con la promoción y protección de los
derechos humanos, en particular en el combate a la tortura" y los
"maltratos", un día después de la divulgación de un informe muy crítico
de Amnistía Internacional (AI).

La Cancillería, la Secretaría
de Gobernación y la Fiscalía mexicanas señalaron en un comunicado que
darán cuenta de sus políticas en la materia el 31 de octubre y 1 de
noviembre ante el comité de Naciones Unidas que supervisa la Convención
contra la Tortura, a la que se sumó México en 1986.

Amnistía presentó ayer un amplio informe en Ciudad de México
en el que advierte que la tortura es una práctica "sistemática y
generalizada" que se ha incrementado "considerablemente" en los últimos
seis años de Gobierno de Felipe Calderón.

El acento del
documento está en "el despliegue de 50.000 efectivos del Ejército y la
Marina mexicanos" que, según la ONG, "ha contribuido a este acusado
aumento de los informes de tortura y otros malos tratos a manos de
militares".

"AI no tiene conocimiento de que en alguno de los
casos que ha documentado se haya dictado sentencia condenatoria por un
delito de tortura", advirtió.

Datos de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) citados en el informe de AI muestran un
incremento de más del 300 % entre las 392 denuncias recabadas en 2007 y
las 1.669 de 2011.

En el comunicado conjunto divulgado este viernes, el Gobierno de México
asegura que "toma nota con interés" del contenido del informe, "el cual
será debidamente analizado por las autoridades competentes".

Sin embargo, destaca que el Gobierno "mantiene una política de
cumplimiento puntual de sus obligaciones internacionales, de rendir
cuentas y atender las recomendaciones de órganos de vigilancia de los
tratados internacionales" y las resoluciones de los organismos
jurisdiccionales internacionales.

Aunque el comunicado no
comenta puntualmente la presunta responsabilidad de miembros del
Ejército en las torturas, presenta como un logro "el reconocimiento de
la jurisdicción civil para investigar presuntas violaciones a los
derechos humanos cuando los hechos involucren a personal militar".

Recuerda que este tema "había sido motivo de recomendaciones por
parte de mecanismos internacionales de derechos humanos de diversa
naturaleza, así como de organizaciones de la sociedad civil".

Entre los retos en materia de tortura que México
tiene por delante, el Gobierno resalta la "homologación del tipo penal"
de ese delito "a nivel nacional", es decir, en los 32 estados del país.

Como logros frente a los malos tratos y la tortura menciona la
introducción de "reformas constitucionales al sistema de justicia
penal", a la ley de amparo, la introducción de protocolos de uso de la
fuerza, y "la implementación del Protocolo de Estambul", como se conoce a
las reglas para documentar los casos de tortura, entre otros.

El Gobierno recuerda, además, que el comité sobre tortura de la ONU es
competente "para recibir comunicaciones individuales" desde 2002 y que
en 2005 el Estado mexicano ratificó el Protocolo Facultativo de la
Convención, que permite visitas a los centros de detención por parte del
subcomité para la Prevención de la Tortura.

También menciona que México es parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde 1987. 

Main Topic: 
Author: 
Plain Text Author: