El Legislativo de Carolina del Sur aprobó este martes una ley que autoriza a la policía revisar el estatus migratorio de los
detenidos y obliga a las empresas a comprobar los datos de los
trabajadores.

La SB20, inspirada en la 1070 de Arizona, pasa
ahora al escritorio de la gobernadora republicana Nikki Haley, quien ha
dicho estar dispuesta a ratificar la medida para detener la
"inmigración ilegal" en su estado.

La Cámara Baja estuvo
de acuerdo con los cambios realizados hace varias semanas por el Senado,
que extendió las discusiones de la ley a raíz del dictamen de la Corte
Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre la potestad de los estados
en cotejar datos de los trabajadores con el sistema federal E-Verify.

Los negocios corren el riesgo de perder sus licencias de operación e
inclusive el cierre temporal al contratar a "sin papeles" y por no
utilizar el programa de verificación de datos de empleados.

"Hoy nos unimos a un número creciente de estados que están tomando
acciones para combatir los problemas que generan los ilegales que violan
nuestras leyes", afirmó a los medios Bobby Harrell, presidente de la
Cámara Baja.

Iván Segura, vicepresidente del Consejo de
Mexicanos en las Carolinas, dijo que "era un día triste para
Carolina del Sur", reafirmando que "esta es una lucha para recibir
igualdad de las comunidades y no solo inmigrantes. Es regresar al tiempo
que aquí se condenaban a las personas por ser diferentes" .

Una coalición de 21 organizaciones, entre líderes religiosos y
defensores de los derechos civiles, urgieron hoy a Haley, cuya familia
emigró de la India, vetar la ley argumentando que costará a los
contribuyentes "cientos de millones de dólares" y "motivará el perfil
racial".

La SB20 estipula que los agentes del deber deben
revisar el estatus de un detenido por cualquier falta y convierte en
delito mayor la producción y venta de documentos falsos para inmigrantes
indocumentados.

También convierte en delito que cualquier
adulto -extranjero o ciudadano estadounidense- no cargue consigo una
identificación estatal como licencia de conducir o documento migratorio.

"De convertirse en ley, la SB20 colocaría en las sombras a toda una
comunidad y atentaría en la integridad de las familias de Carolina del
Sur", acotó Joseph Darby, pastor de la iglesia Morris Brown AME en
Charleston, en la costa del estado.

Segura advirtió que la ley
legalizaría el "perfil racial", ya que cualquiera que "luce diferente o
es percibido como extranjero, estaría sujeto a una detención por parte
de los agentes de la ley" .

Los opositores de la medida
calculan que el estado tendría que invertir cerca de 84 millones de
dólares para aplicar la ley que además estipula la creación de una
Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración.

Tammy
Besherse, abogada del Centro de Justicia Legal Applessee de Carolina del
Sur, con sede en Columbia, capital del estado, afirmó hoy a Efe que
varios grupos de defensa de los inmigrantes del estado discuten la
posibilidad de establecer una acción legal para detener la SB20.

"Hemos visto como las cortes bloquearon la ley de Arizona. La SB1070
ha sido un desastre para la economía de Arizona, nefasto para la
seguridad y no arregla el sistema quebrantado de inmigración", añadió
Besherse.

Sin embargo, Segura enfatizó que desde hace tiempo
las organizaciones pro-inmigrantes vienen preparando una demanda basada
en que los estados no tienen derecho bajo la Constitución de hacer
cumplir las leyes migratorias que es una obligación del Gobierno
federal.

Diversos sectores económicos como el agrícola,
construcción, hotelero, servicios, comida dependen en gran parte de la
mano de obra inmigrante.

Los productores se han quejado de que
aunque todavía la disposición no ha sido ratificada por la gobernadora,
ya tienen dificultad para encontrar trabajadores en ciertas cosechas.

"Entre los productores existe preocupación por las ramificaciones que
podría tener si Haley la firma porque enviaría el mensaje que Carolina
del Sur no es un lugar muy amigables para los inmigrantes", afirmó
anteriormente a Efe Russell Ott, especialista en temas legislativos del
Comité de Agricultores de Carolina del Sur (SCFB).

La SB20 es
una extensión de una ley de inmigración aprobada en este estado en 2008
que impone multas a las compañías que contraten a trabajadores sin la
documentación migratoria en orden.

Aunque cifras del censo
indican que los hispanos representan el 5,1 por ciento de la población
del estado, es decir, 235.893, en comparación con 95.076 (2,4 por
ciento) en 2000, el Centro Pew reportó que la población indocumentada en
Carolina del Sur pasó de 70.000 en 2007 a 55.000 en 2010.