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Ochenta trabajadores del campo mexicanos buscan una indemnización de miles de dólares de su antiguo empleador, una de las fincas productoras de cebolla más grandes del estado, en un juicio que se acerca a su final.

"El objetivo de la demanda es obtener los pagos retrasados que no fueron cancelados en el período que ellos trabajaron en la cosecha y plantación de cebollas en esta empresa", dijo este jueves Dawson Morton, abogado de la organización sin fines de lucro Servicios Legales de Georgia, que presentó la demanda en 2008.

Trece de los demandantes vivieron de México la semana pasada para testificar contra su antiguo empleador, Bland Farms, ubicada al sur de Atlanta.

De acuerdo con la demanda, los trabajadores recibieron menos dinero del que debían por sus labores durante el período entre 2004 y 2008, cuando fueron empleados de la empresa.

"Las horas que eran apuntadas no eran correctas y básicamente, cada día había falta de pago por no apuntar todas las horas trabajadas", dijo Morton.

El abogado estima que el monto adeudado a los jornaleros oscila entre 150.000 y 200.000 dólares que corresponde a dos o cuatro horas diarias no pagadas a cada trabajador.

"Esto es solamente un cálculo, porque según nuestros números con sólo dos horas no pagadas al día, la finca guardaba una suma de cerca de dos millones de dólares durante el período de la demanda", indicó Morton, que lleva doce años trabajando en casos de este tipo.

De acuerdo con la demanda, la empresa "violó" la Ley de Estándares de Trabajo Justo (Fair Labor Standards Act) al no pagar a cada demandante el salario mínimo.

Asimismo, además de incumplir con el pago de salario mínimo, la empresa les pagó a los jornaleros menos de las horas trabajadas e incumplió con otros compromisos que exige la visa de trabajadores agrícolas HB2, con la que los jornaleros contaban en el momento de trabajar para Bland Farms, según la demanda.

El abogado señaló que este tipo de abusos son bastante comunes en el estado e indicó que en cierta forma este tipo de visa brinda "ventajas" a los empleadores.

"Estas visas sólo permiten que ellos se queden durante el período de trabajo y eso en muchas maneras le da ventaja al patrono porque cuando los trabajadores se dan cuenta del problema y quieren asesoría legal ya están en México", añadió.

Morton señaló que si bien esta demanda no está clasificada como colectiva ("class action"), sí establece un importante precedente para otros trabajadores que están en la misma situación.

"Hay 80 trabajadores que están en la demanda, pero ellos sólo son una pequeña parte del grupo en total, porque el rancho contrata entre 300 y 400 personas por temporada", aseveró.

Juan Pablo Ortiz, uno de los demandantes que viajó desde México para testificar la semana pasada, expresó su deseo de que la empresa corrija sus acciones.

"Queremos que ellos ya no hagan más abusos sobre nosotros y descubrirles la verdad", dijo Ortiz en entrevista telefónica desde Durango, México.

El jornalero, de 28 años, se mostró esperanzado de que su caso sirva para detener abusos similares de los que son víctimas "muchos más trabajadores".

Una representante de Bland Farms contactada por Efe declinó emitir una declaración sobre el caso.

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