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Arizona está cada vez más cerca de aplicar la
nueva regulación que autoriza a la Policía a cuestionar el estatus
migratorio de personas que sospechen se encuentran de manera ilegal en
el país, después que la Justicia ratificara la decisión del Supremo
sobre la ley SB1070.

La decisión sobre cuando entrará en vigor
la sección 2(b) de la ley estatal SB1070, también conocida como la
provisión "enséñame tus papeles", se encuentra ahora nuevamente en manos
de la juez federal Susan Bolton de la Corte Federal en Phoenix,
Arizona.

En cualquier momento, Bolton puede retirar la
suspensión de esta controvertida regulación que ella misma ordenó en
2010, justo antes de que la SB1070 entrara en vigor.

La Corte
de Apelaciones del Circuito Nueve dio a conocer ayer su decisión, que
ratifica la decisión del Tribunal Supremo y envía el caso nuevamente a
la Corte Federal en Phoenix.

Expertos en el caso indicaron que
esta decisión podría tomar todavía varias semanas, debido a que en esta
misma corte organizaciones defensoras de los derechos civiles tienen
una demanda pendiente en contra de la sección 2(b).

Esta
demanda argumenta que la 2(b) llevará a la detención inconstitucional de
personas y prácticas de perfil racial en contra de hispanos, sin
importar su estatus migratorio.

"Pedimos que la juez tome en
cuenta nuestra petición para frenar la implementación basado en ejemplos
que vamos a presentar la próxima semana sobre personas que están siendo
detenidas por más tiempo para verificar su estatus migratorio", dijo Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU) en Arizona.

Soler indicó que
esperan que la juez espere analizar el caso pendiente antes de ordenar
la entrada en vigor de esta regulación, que ha causado gran temor entre
la comunidad inmigrante en Arizona.

El estado de Arizona tiene
hasta este viernes para responder a la demanda interpuesta por
organizaciones civiles en contra de la sección 2(b) y Bolton dio un
plazo de una semana más para que los demandantes respondan, por lo que
la decisión de la juez federal en el caso debería darse después del
próximo 17 de agosto.

Soler explicó que cuando el Supremo dio a
conocer su veredicto el pasado mes de junio, en el que además falló en
contra de la mayoría de las secciones más controvertidas de la SB1070,
no dijo que la sección 2(b) era constitucional, sino que "no había
suficiente evidencia" para frenar está provisión.

"Esto es en
lo que ahora nosotros nos estamos enfocando, darle más ejemplos a la
Corte de cómo más personas están siendo detenidas, simplemente para
verificar su estatus migratorio a pesar de que todavía la regulación no
se encuentra en vigor", dijo la directora de ACLU.

A pesar de
que jefes de policía de todo el estado han asegurado que no se aplicará
el perfil racial al momento de aplicar la nueva regulación, se están
reportando casos de personas que están siendo detenidas por infracciones
"mínimas" de tráfico para después ser cuestionadas por su estatus
migratorio.

Un caso fue el de María Rodríguez, quien la semana
pasada fue detenida por la policía en la ciudad de Tucson, en el sur de
Arizona, cuando manejaba su auto acompañada de sus hijas.

"Cuando le dije al policía que no tenía licencia de conducir,
inmediatamente llamó a la Patrulla Fronteriza", dijo Rodríguez.

Indicó que sus hijas también fueron detenidas y las tres fueron
llevadas a la estación de la Patrulla Fronteriza en esa ciudad.

Debido a que las menores califican para la acción diferida que detiene
las deportaciones de jóvenes indocumentados, las tres fueron dejadas en
libertad, aunque deben de presentarse próximamente ante un juez de
inmigración. 

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