La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)
anunció este fin de semana una serie de cambios en la manera en que hará cumplir la
política migratoria, que han sido acogidos entre las organizaciones en
defensa de los indocumentados como un paso necesario pero aún
insuficiente.

El director de la oficina, John Morton, indicó en declaraciones a la prensa que los cambios se centrarán en el
programa Comunidades Seguras, que permite que las autoridades policiales
locales puedan comprobar información sobre huellas dactilares en bases
de datos de inmigración y de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Los críticos de este programa consideran que puede causar que algunos
inmigrantes dejen de aportar información sobre delitos, por miedo a ser
deportados, o que sean deportadas personas que no han cometido ningún
delito.

Estados como Massachusetts o Illinois, así como
diversas ciudades estadounidenses, han indicado que no participarán en
el programa.

Según indicó Morton en una rueda de prensa telefónica, "escuchamos esas preocupaciones y las atajamos de frente".

Los cambios, aseguró, buscan "garantizar que el programa se centra
más en aquellos que representan el mayor peligro para las comunidades".

Por ello, las nuevas directivas instruyen a los funcionarios del ICE a
que usen su juicio para asegurarse de que las víctimas o los testigos
de un delito no resultan sometidas a un proceso de deportación.

Un comité asesor deberá presentar en el plazo de 45 días un primer
informe con recomendaciones acerca de cómo evitar las deportaciones de
personas que resulten acusadas -pero no condenadas- por infracciones de
tráfico leves, si no tienen otro tipo de historial delictivo.

Además, la Oficina ha colaborado con la división de Derechos Civiles del
Departamento de Seguridad Nacional para desarrollar un nuevo programa
de formación para los agentes del orden locales sobre cómo aplicar el
programa Comunidades Seguras.

Pero las organizaciones en defensa de los inmigrantes no parecen convencidas.

En un comunicado, la organización MALDEF (Fondo Mexicano Americano
para la Defensa Legal) consideró que "las reformas anunciadas hoy por el
Gobierno federal son inadecuadas para resolver los problemas que
afronta el programa".

Los cambios "son poco más que vestir a
la mona de seda. Excepto que en este caso se trata de una mona gruñona,
sanguinaria y rabiosa que seguirá haciendo de las suyas e infligiendo
daños graves en las familias y las comunidades de todo el país", según
MALDEF.

Por su parte, Eliseo Medina, del sindicato SEIU,
indicó que los cambios representan "un reconocimiento bienvenido de que
existen problemas graves en el programa de cumplimiento de las normas de
inmigración del Gobierno. Desafortunadamente, estos cambios sólo son el
primer paso en un camino mucho más largo de reformas necesario para
crear un sistema migratorio más sensato".