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El secretario de Justicia de EE.UU., Eric Holder,
rechazó este jueves la resolución de censura por desacato en su contra por
negarse a entregar documentos sobre el fallido operativo que permitió el
traspaso de armas a México en 2009, y advirtió que ello abrirá un
conflicto entre la Casa Blanca y el Congreso.

Holder
leyó una declaración a los medios desde Miami (Florida) poco después de
que la Cámara de Representantes aprobara, por 255 contra 67 votos, la
medida en su contra por negarse a entregar documentos sobre la operación
"Rápido y Furioso", decisión que el secretario tildó de "burda,
equivocada y políticamente motivada".

"El voto de hoy puede
parecer un buen teatro político en las mentes de algunos, pero es,
básicamente, un burdo intento y un grave perjuicio para el pueblo
estadounidense. Ellos esperan y merecen algo mucho mejor", señaló.

El fiscal general confirmó que el voto en su contra abre la puerta a
una batalla legal entre el Congreso y la Casa Blanca, que invocó su
privilegio ejecutivo para no entregar los documentos requeridos por los
legisladores republicanos.

"Como resultado de esta acción
tomada hoy por la Cámara de Representantes, se desatará un innecesario
conflicto en los tribunales", advirtió.

"La votación es la
lamentable culminación de lo que se convirtió en una investigación
equivocada y políticamente motivada durante un año electoral", sentenció
el secretario de Justicia al referirse a los comicios de noviembre
próximo, en los que el presidente Barack Obama buscará la reelección.

Holder,
sujeto a la primera medida de desacato contra un secretario de Justicia
en activo de la historia de EE.UU, aseguró que al enterarse de las
"deficientes" tácticas de "Rápido y Furioso", se aseguró de que "se
acabaran" y "no volvieran a ocurrir nunca", y puso en práctica "nuevas
políticas y nuevos líderes".

"Esa fue mi respuesta a la operación 'Rápido y Furioso'. Cualquier otra afirmación simplemente ignora los hechos", indicó.

La medida de censura fue impulsada por el Comité de Supervisión y
Reforma Gubernamental de la Cámara baja, que investiga la operación
"Rápido y Furioso" y que exigía los documentos posteriores al 4 de
febrero de 2011, cuando el Departamento de Justicia negó inicialmente la
existencia de la operación, algo que corrigió en diciembre.

La operación, a cargo de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y
Armas de Fuego (ATF, en inglés), permitió el envío ilegal de unas 2.000
armas a México en 2009, con la idea de rastrearlas hasta los cabecillas
del narcotráfico y el crimen organizado en ese país.

Pero los
agentes de ATF, que depende del Departamento de Justicia, perdieron el
rastro a esas armas, que fueron a parar a manos criminales. Se calcula
que unas 1.400 armas aún no han sido recuperadas.

Dos de
ellas, dos rifles de asalto AK-47, aparecieron en la escena del
asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, el 15 de
diciembre de 2010.

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