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Fiscalía admitió demanda contra Morales por "genocidio"

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La Fiscalía boliviana admitió una demanda de
una decena de parlamentarios opositores al presidente Evo Morales, a
quien acusan de "genocidio" por la violenta intervención policial a la
marcha de indígenas que rechazan la construcción de una carretera
financiada por Brasil, informó una fuente del Legislativo.

La denuncia fue admitida el viernes por la Fiscalía General, con sede
en la ciudad sureña de Sucre, capital constitucional del país, confirmó el diputado opositor Tomás Monasterio, de la derechista Plan
Progreso Bolivia-Convergencia Nacional.

Monasterio justificó
la demanda por el delito de "genocidio" porque el código penal boliviano
admite esa figura no sólo cuando hay muertes, sino también cuando se
ocasionan "lesiones de inhumana subsistencia" y cuando hay
"desplazamientos" violentos de personas, lo que, según dijo, ocurrió el
domingo.

"Mujeres han sido maltratadas y amordazadas, niños y
hombres han sido golpeados, hubo un uso desmedido de violencia (...)
Pese a que fue una intervención policial, el presidente no actuó
conforme a las leyes para evitar que haya este tipo de hechos", dijo el
diputado.

Agregó que "por más que la orden no haya sido dada
por el presidente Morales", como afirman las autoridades, su obligación
era "precautelar los derechos de los indígenas y no lo hizo".

La Fiscalía tendrá 30 días para investigar la denuncia y, si encuentra
suficientes pruebas, Morales podría ser sometido a un juicio de
responsabilidades.

Unos 500 agentes atacaron el domingo con
gases y porras el campamento de los indígenas cerca de Yucumo, a más de
300 kilómetros de La Paz, amordazaron a dirigentes de las etnias
amazónicas y a mujeres y trasladaron por la fuerza a decenas de ellos en
autobuses y camionetas a pueblos vecinos.

Un reporte
preliminar difundido el jueves por la oficina del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos detalló que el ataque policial dejó más
de cien heridos y unos 200 detenidos, "que recobraron su libertad 17
horas después, y además provocó que varios niños y niñas fueran
temporalmente separados de sus progenitores".

Los indígenas
han aclarado que la represión no dejó víctimas mortales, como habían
denunciado en días pasados algunos de sus dirigentes, la jerarquía
católica y varios medios, lo que Morales tildó de nueva confabulación en
su contra.

La acción policial desató una oleada de protestas
en todo el país y se ha presentado una crisis institucional con la
renuncia de dos ministros, un viceministro y otros funcionarios.

Morales y su gabinete negaron responsabilidad en el hecho y aunque el
mandatario pidió perdón, los indígenas reanudaron hoy su marcha de la
Amazonía a La Paz para exigir la suspensión definitiva de la carretera
que partirá en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure
(Tipnis).

Tras los disturbios y manifestaciones por parte de
las comunidades indígenas que habitan la región de impacto de la
carretera, Morales decidió el lunes pasado suspender las obras mientras
consulta a las regiones de Cochabamba y Beni, por las que está previsto
que pase la carretera.

Las etnias y grupos ecologistas
rechazan que la carretera financiada por Brasil atraviese el Tipnis por
los daños ambientales que causará el proyecto y porque temen una
invasión de campesinos y productores de hoja de coca, base para la
fabricación de cocaína.

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