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Amnistía Internacional (AI) reclamó este viernes una
investigación "pronta, completa e imparcial" del sangriento choque entre
policías y campesinos en el nordeste de Paraguay el pasado 15 de junio,
detonante de la crisis política que derivó en la destitución de
Fernando Lugo como presidente.

En un comunicado la directora adjunta del Programa para América de AI, Guadalupe
Marengo, reclamó además la liberación de un campesino detenido de forma
"injusta y arbitraria" por lo ocurrido.

Seis policías y once
campesinos fallecieron en un enfrentamiento armado durante una operación
de desalojo de "sin tierras" que ocupaban una hacienda del político
"colorado" y empresario Blas N. Riquelme en Curuguaty, en el nordeste
paraguayo.

Los primeros resultados de la investigación
revelaron que los campesinos dispararon sorpresivamente a los policías,
cuando estos se hallaban buscando una solución negociada a la ocupación
de tierras, en un suceso que tiñó por primera vez de sangre el
enquistado conflicto por la tierra en Paraguay.

Una docena de campesinos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los sucesos.

Según la responsable de AI, "es sumamente preocupante que no se esté
avanzando de manera efectiva en las investigaciones de las muertes
ocurridas en Curuguaty".

"De la información con la que
contamos, se estaría avanzando más en las investigaciones relacionadas
con las muertes de los policías que en las de los campesinos," observó.

Marengo reclamó una "investigación pronta, completa e imparcial sobre
todos los incidentes, que los responsables sean llevados a la Justicia y
que las personas que continúan detenidas injustamente sean liberadas."

Aludió en concreto a Miguel Ángel Correa Franco, detenido en la
prisión de Coronel Oviedo, por "dudosos cargos de asesinato, entre
otros", y pese a que la misma Fiscalía ha pedido su liberación por falta
de pruebas.

"Creemos que no hay evidencia contra Miguel Ángel
Correa Franco por lo que su detención es completamente injusta y
arbitraria", añadió la responsable de AI.

El día antes de
comenzar el "juicio político" en el Parlamento que le costó la
Presidencia, Lugo había anunciado una investigación especial, a cargo de
"referentes notables" de la sociedad paraguaya, y en paralelo a la que
los órganos jurisdiccionales habían abierto por las muertes en
Curuguaty.

Esta semana, el exgobernante consideró que lo ocurrido fue "un escenario montado" para provocar la crisis política.

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