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Estados sureños de EE.UU., pesadilla para los inmigrantes

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Los estados del sur, que durante la última
década fueron para los hispanos el nuevo paraíso por la abundancia de
trabajo, mejores condiciones de vivienda y educación, se han convertido
en su peor pesadilla por sus leyes anti-inmigrantes.

Para el
año 2000, comenzaron a llegar a las Carolinas trabajadores agrícolas de
California, Arizona, Texas, Florida e inclusive de México para cosechar
pepino, tabaco, manzanas, arándanos, y árboles de Navidad.

"Habían tantas oportunidades que la gente regresaba cada año sin
problemas, inclusive otros se quedaron. Los agricultores sacaban sus
cosechas sin problemas", contó Ceferino Rojas, un jornalero
mexicano con 15 años en Carolina del Norte.

Una situación
similar sucedió en estados vecinos como Tennessee, mientras que en
Alabama, las áreas de trabajo para los inmigrantes eran la jardinería,
servicios, construcción, fábricas y procesadoras de pollos.

Los campos de Georgia también se llenaron de hispanos, cuya industria
agrícola hoy en día depende enormemente del trabajo de los cerca de
87.000 personas de esa comunidad que sacan adelante la actividad agraria
del estado.

En diez años, Carolina del Norte presentó un
crecimiento de su población hispana de 111 por ciento entre el 2000 y
2010, y Carolina del Sur pasó de 95.076 latinos en 2000 a 235.893 diez
años después.

Tennessee creció un 134,2 por ciento de su comunidad latina, Alabama 145 por ciento y Georgia otros 96,1 por ciento.

Sin embargo, esta "luna de miel" comenzó a cambiar a mediados de la
década, cuando por ejemplo en Carolina del Norte en el 2006 se negó
definitivamente a los indocumentados el privilegio de tramitar una
licencia de conducir.

Luego llegó la proliferación de la
puesta en marcha de los programas de deportación 287g y Comunidades
Seguras en las cárceles locales aunado a la crisis hipotecaria y
económica que comenzó a agudizar en el 2008.

"No hay que
olvidar que esto es el sur", explicó Elaine Lacy, con un doctorado
en historia y profesora de la Universidad de Carolina del Sur-Aiken,
que ha estudiado por años el fenómeno migratorio en la zona.

"Es una población muy conservadora en su forma de pensar, y cuando hay
crisis económica, culpan a los más vulnerables, los inmigrantes, porque
creen que les quitan los trabajos y representan una carga en servicios
de educación, salud, y servicios sociales", añadió.

Nolo
Martínez, investigador y profesor de la Universidad de Carolina del
Norte-Greensboro, considera que la ola de leyes anti-inmigrantes que
comenzó con 1070 de Arizona y se extendió al sureste se debió a una
excusa de legisladores estatales de línea conservadora de "asumir
poderes que no les corresponden" .

"Creo que la falta de
acción federal ante el tema de la inmigración es la principal razón que
vemos a tantos estados respondiendo a un sector de su comunidad que
demanda soluciones", enfatizó Martínez, de origen puertorriqueño.

El pasado 13 de mayo, el gobernador de Georgia, Nathan Deal, firmó la
polémica HB87, que permite a las autoridades locales indagar el estatus
migratorio de una persona y penaliza a quienes alberguen o transporte a
indocumentados.

Actualmente, la medida, que entraría en
vigencia el 1 de julio, se encuentra en revisión por un juez ante una
demanda presentada por activistas, empresarios y hasta representantes de
12 países.

Luego de Georgia, Alabama también aprobó su propia
versión de legislación anti-inmigrante, la HB56, ratificada por el
gobernador Robert Bentley el pasado 9 de junio.

La medida,
considerada por organizaciones civiles como una versión más dura que la
de Arizona que criminaliza a los indocumentados, también exige a las
escuelas públicas determinar el estatus migratorio de los estudiantes.

Tennessee trató de seguir los pasos duros contra los "sin papeles" de
Georgia y Alabama, pero terminó inclinándose por la exigencia a las
empresas del uso del E-Verify para comprobar la legalidad de sus nuevos
empleados.

La ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2012,
exonera el uso del programa a empresas con 5 o menos empleados y
permite que estos solo mantengan copia de la licencia de conducir de la
persona como prueba de identidad.

Las Carolinas no podían
quedarse atrás y el pasado fin de semana, los legisladores de Carolina
del Norte también decidieron convertir obligatorio el uso del E-Verify
en los negocios de más de 25 empleados exceptuando a los trabajadores
temporales.

Por su parte, la Asamblea Legislativa de Carolina
del Sur, envió al escritorio de la gobernadora republicana, Nikki Haley,
la ley SB20, la última versión mejorada de la SB1070 de Arizona, la
HB56 de Alabama, y la HB87 de Georgia.

"Antes podíamos vivir
en paz pero ahora nos persigue la policía, nuestros hijos sufren
discriminación en las escuelas, es difícil conseguir trabajo, la renta
está subiendo al igual que la comida. Lo que antes fue un paraíso ahora
es un infierno con todas estas leyes. De pronto hay que regresar de
donde vinimos", concluyó Rojas.

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