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Unos diez jóvenes fueron detenidos este jueves por
manifestarse frente al palacio de La Moneda, sede del Gobierno chileno,
en apoyo a las demandas del pueblo mapuche, la principal etnia indígena
del país.

En una acción relámpago, según constató, los
manifestantes vertieron pintura roja en una de las fuentes que rodean La
Moneda al tiempo que gritaban consignas a favor de la puesta en
libertad de los presos mapuches.

La protesta duró apenas unos
minutos debido a la rápida intervención de un grupo de fuerzas
antidisturbios que fue alertado por los carabineros que custodian el
edificio presidencial.

En tanto, tres mujeres mapuches,
acompañadas de una niña de dos años, mantienen ocupada desde hace dos
semanas la sede de la Unicef, situada en el municipio santiaguino de Las
Condes, confirmaron a Efe fuentes del Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia y la Juventud.

Los empleados de la sede de Unicef en
Chile no han podido volver a utilizar sus oficinas, ya que los
protocolos de la ONU lo prohíben en este tipo de situaciones.

Los responsables del organismo han decidido no pedir el desalojo de las
mujeres mapuches, pero han manifestado su rechazo a la ocupación, que
consideran una "forma de presión" inadecuada.

Las activistas,
que pertenecen a la organización radical Alianza Territorial Mapuche,
protestan por un operativo policial ocurrido hace dos semanas frente al
hospital de Collipulli, a 600 kilómetros al sur de Santiago, que dejó un
saldo de tres menores heridos por perdigones.

La Araucanía es
escenario desde la década de los años noventa de un conflicto que
enfrenta a empresas agrícolas y forestales con comunidades de la etnia
mapuche que reclaman la propiedad de tierras que fueron de sus
ancestros.

En esa región, la más pobre de Chile y donde se
concentra la mayor parte de los 600.000 mapuches del país, en los
últimos meses han aumentado las ocupaciones de fincas agrícolas y el
incendio de viviendas y maquinaria agrícola.

Los mapuches, por
su parte, acusan de brutalidad policial a Carabineros durante los
registros y allanamientos de sus comunidades.

En la última
década, tres jóvenes han fallecido por disparos de la policía y un
agente murió este año en un operativo policial.

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