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El Tribunal de Apelaciones del Circuito 11 en Atlanta emitió este lunes un fallo sobre la ley migratoria de Georgia HB 87, que autoriza a las autoridades locales a verificar el estatus migratorio de un sospechoso que tenga identificación válida.

En el veredicto de 33 páginas, los magistrados señalan que basarse en la "raza, color u origen" está prohibido constitucionalmente y por el estatuto de Georgia, por lo que "es inapropiado" asumir que el estado vaya a ignorar su propia ley.

Los jueces, que reconocieron en el veredicto que la medida puede "invitar a otros problemas, concretamente al perfil racial", mantuvieron bloqueada la cláusula que criminaliza a quienes transporten, alberguen o ayuden a un inmigrante indocumentado en el estado.

La ley HB 87 de Georgia entró en vigor el 1 de julio de 2011 sin varios de sus apartados más controvertidos, incluido el que permitía a las autoridades locales cuestionar a cualquier persona sobre su estatus migratorio cuando exista alguna "causa probable" de que esté en el país de forma ilegal.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Sureño contra la Pobreza (SPLC), y del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) y otras organizaciones, forman parte de la coalición que presentó la demanda para detener la implementación de la controvertida ley.

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