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Representantes de campesinos e indígenas de
Guatemala han comenzado en España un recorrido por países europeos para
denunciar que el aumento de cultivos destinados a biocombustibles
dificulta el acceso a la tierra y a los alimentos en su país.

Integrantes del Comité Nacional Campesino (CUC) tienen previsto reunirse
con parlamentarios europeos en Bruselas y miembros del Comité de
Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en
Ginebra, a quienes presentarán un informe sobre la difícil situación de
las comunidades campesinas e indígenas en Guatemala.

Irán acompañados por representantes de la organización no gubernamental Intermón Oxfam en España.

El CUC sostiene que la pobreza rural en Guatemala se agudizó en los
últimos años debido a la concentración de la tierra en manos de pocas
empresas dedicadas a cultivos extensivos destinados a la exportación,
especialmente de caña de azúcar para producir etanol y palma para
elaborar biodiesel.

"Muchos países están interesados en los
agrocombustibles, pero esto está causando problemas por los desalojos y
por la disminución de suelos para el cultivo de alimentos y además no
genera empleo. Entonces provoca graves problemas sociales", dijo en Madrid el Coordinador General del CUC, Daniel Pascual.

El
representante guatemalteco destacó que "vemos que Europa está interesada
en la producción de agrocombustible bajo el discurso de la energía
limpia, pero allí es donde deberían ser fuertes los gobiernos europeos
en pedir a las empresas que haya respeto a los derechos de la población
de los países donde van a invertir".

Por su parte, la
sub-coordinadora general del CUC, María Josefa Macz, explicó que el
Gobierno de su país promete soluciones al histórico problema agrario y
"en sus discursos plantea que las cosas van caminando bien, pero la
realidad no es así".

"En estos momentos nos encontramos con
esa grave situación de la desnutrición, debido a que no tenemos el
espacio donde cultivar nuestros granos básicos, ni acceso a servicios
públicos", agregó.

Macz forma parte de las 14 comunidades que
fueron desalojadas a inicios del 2011 de las tierras que habitaban en la
región del Valle del Polochic, al norte del país, porque las mismas
eran reclamadas por una empresa productora de caña de azúcar.

El CUC estima que cerca de medio millón de familias campesinas e
indígenas no pueden acceder a tierras en Guatemala, donde alrededor del
80% de las fincas está en manos del 7% de la población.

"Se
necesita cumplir con los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a
la tierra y los bienes naturales. El modelo económico, que está basado
en tratados comerciales y el modelo extractivo está llevando a una
confrontación enorme", concluyó Pascual. 

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