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Aún con las lejanas posibilidades de una reforma migratoria, los inmigrantes indocumentados en distintas partes de Estados Unidos tuvieron este mes algo que celebrar.

Se trata de la negativa de las cortes federales de apelaciones a dos iniciativas locales y estatales en materia de inmigración que ya habían sido rechazadas o bloqueadas, al menos de manera parcial, por otras cortes "inferiores".

Los jornaleros en la localidad de Oyster Bay, en Long Island, conservaron el derecho de buscar trabajo en las calles sin temor a ser arrestados. Así lo había decidido ya una corte federal de Nueva York y esta semana lo confirmó la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

Organizaciones de derechos civiles habían presentado una demanda en mayo del 2010 luego de que la localidad, con cinco por ciento de población latina, puso en marcha una ordenanza que impedía a esos inmigrantes buscar empleo y que se les contratara.

Bajo la representación de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y Educativa (PRLDEF) asociado con Justicia Latina, argumentaron una violación a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege el derecho a la libre expresión.

Según la demanda, los jornaleros habían sido "hostigados e intimidados por sus residentes y autoridades".

Un panel de tres jueces mantuvo por unanimidad la decisión de la corte federal.

"La decisión es una gran victoria para la Primera Enmienda y para los jornaleros que pueden continuar trabajando y ayudando a sus familias", dijo el abogado Corey Stoughton, de ACLU.

Juan Cartagena, presidente de Justicia Latina-PRLDEF, dijo que "las cortes han determinado una y otra vez que las localidades no pueden aprobar ordenanzas que violen las leyes federales para afectar a la comunidad latina".

Por otra parte, la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve en California rechazó este mes una petición del estado de Arizona de levantar las restricciones en contra de la implementación de la controversial ley estatal 1070, que criminaliza a inmigrantes indocumentados.

Pese a dichas negativa, los opositores de la inmigración indocumentada continúan insistiendo a través de la nación.

Mientras una docena de estados debaten y consideran la implementación de su propia versión de la 1070, y otros como Georgia ya la han aprobado, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, busca otras alternativas para luchar a toda costa, y aunque sea de manera indirecta, contra la inmigración indocumentada.

Esta semana firmó una ley que establece penalidades más severas en contra de aquellos que renten o compren casas para hospedar a indocumentados.

Bajo la nueva legislación, que entrará en vigor el próximo 20 de junio, personas que renten o compren propiedades para utilizarlas como casas de seguridad para contrabandistas de indocumentados, podrían enfrentar hasta siete años de prisión.

Dicha ley retoma la iniciativa que en el 2006 promovió el entonces alcalde de Hazleton (PA) y actual senador republicano Lou Barletta (R-PA), y la cual castigaría a quienes hospedaran o rentaran propiedades a indocumentados.

En ese entonces, la iniciativa fue aprobada y se convirtió en la primera ley de su tipo y ejemplo para otras ciudades. Sin embargo, la ley nunca entró en vigor ya que fue retada por organizaciones de derechos civiles. En el 2007 fue considerada inconstitucional por una corte federal y en el 2010 por la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Distrito de Filadelfia.

La decisión de estas cortes respecto a la ley de Hazleton podría ser revisada por la Corte Suprema de Estados Unidos a petición de Barletta.

Agapito López, quien entabló junto con otros activistas la primera demanda federal contra la ley de Barletta y testificó en su contra, espera que la petición del ex-alcalde sea aceptada. 

Él considera que la ley que aprobó Brewer, similar a la de Barletta, favorece que la Corte Suprema acepte el caso de Hazleton y está seguro que el máximo tribunal de la nación también la declararía inconstitucional.

"Tanto Brewer como Barletta saben de antemano que sus leyes van en contra de la Constitución, pero les sirve para conseguir votos de personas racistas y están haciendo campaña aprovechandose de los inmigrantes", dijo López, comisionado del Consejo para Asuntos Latinos de Pensilvania.

"La gobernadora está haciendo lo que fue exitoso para ella, el asunto de la inmigración le valió la reelección", agregó.

En los próximos días Brewer también decidirá el futuro de otras propuestas aprobadas por el Legislativo estatal, entre ellas una que permite recaudar fondos públicos para construir un muro fronterizo y otra que otorgaría cinco millones de dólares para la lucha contra el tráfico humano.

Por su parte, Fabricio Rodríguez, organizador comunitario en Filadelfia, considera que "Brewer ha agarrado la experiencia de Barletta para continuar acosando a las personas indocumentadas y haciendo de los arrendadores policías de inmigración".

Agregó que para estos políticos anti-inmigrantes, la constitucionalidad de las iniciativas que promueven nunca ha sido una prioridad. 

"En realidad nunca se ha tratado de lo que es o no legal. Brewer y Barletta sabían que sus leyes no iban a resistir, pero era una forma de movilizar a la gente racista y de acosar y marginar a los latinos hacía las sombras".

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