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Advierten a indocumentados no firmar órdenes de remoción

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Una organización pro inmigrante de Illinois
advirtió a los indocumentados que no firmen órdenes de remoción sin
ver antes a un juez de inmigración porque aceleran las deportaciones y
violan el derecho constitucional del debido proceso.

En un
comunicado, el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante (NIJC) de
la organización Heartland Alliance dijo que más de 160.000 personas
firmaron órdenes de remoción en la última década, sin saber que tenían
derecho a una audiencia judicial antes de ser deportados.

"Sin
asesoría legal, y sin entender las consecuencias de firmar una orden de
ese tipo, esas personas aceleran sin querer sus deportaciones", dijo
Claudia Valenzuela, directora de litigios del centro.

Agregó
que bajo el sistema actual, los jueces de inmigración firman las órdenes
de remoción sin ver a las personas involucradas.

Inclusive,
en la mayoría de los casos a los indocumentados detenidos los oficiales
de inmigración les dicen que quedarán en libertad si firman la orden.

En el comunicado se menciona el caso de José, un inmigrante que vivió
en Estados Unidos desde niño y fue detenido pocos meses después de
cumplir 18 años.

Un agente de la Oficina de Inmigración y
Aduanas (ICE) lo convenció de que firmara la orden de remoción,
dispensando el derecho a ver un juez de inmigración, y fue deportado de
inmediato.

Según el NIJC, José no tuvo asesoría legal ni sabía
que podía rehusarse a firmar, y ahora su caso es disputado en la corte
mientras espera en México separado de su familia.

El centro
apoya las recomendaciones del National Immigration Law Center (NILC)
para que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) ordenen audiencias obligatorias con jueces de
inmigración.

Asimismo, que se aumente la asesoría legal y la
información a los inmigrantes, y se capacite a los funcionarios de
inmigración para que eviten errores que permitan inducir o coaccionar a
los indocumentados para que firmen las órdenes de remoción.

También que se prohíba el uso de estas órdenes para deportar niños,
personas con discapacidades mentales, residentes permanentes o personas
que hayan vivido en Estados Unidos durante más de 10 años.

El centro reclama igualmente que se publiquen estadísticas oficiales sobre el uso de las órdenes de remoción.

El NIJC presentó a mediados de agosto una demanda colectiva contra el
DHS por aplicar órdenes de retención contra detenidos mientras
investiga su estatus migratorio.

En el escrito se establece
que las retenciones privan a miles de hombres y mujeres de sus derechos
constitucionales básicos del debido proceso.

Afirma asimismo
que su uso creciente "perjudica a ciudadanos estadounidenses, a
residentes permanentes, familias y comunidades, y traiciona nuestros
ideales de equidad y justicia". 

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