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Michael Olivas, profesor de la Universidad de
Houston y autor del libro "No undocumented child left behind" urge a
los "soñadores" a tener precaución al reclamar sus beneficios tras el
anuncio de la moratoria de las deportaciones.

El director del
Instituto de Leyes y Gobernabilidad en Educación Superior de la
Universidad de Houston dijo en entrevista con Efe que la orden
presidencial no difiere sustancialmente del Memorándum Morton y en la
que "el diablo está en los detalles".

La orden ejecutiva
anunciada por el presidente Obama provee la suspensión de deportaciones
por dos años, con posibilidad de renovación, para estudiantes
indocumentados que califiquen dentro del programa.

En todo el
país miles de estudiantes han acogido la orden con gran entusiasmo y,
sólo en Houston, cerca de mil "soñadores" han acudido a orientaciones
masivas en busca de guía en el proceso.

Olivas reconoce que
"atraer la atención" sobre el problema de los "soñadores" ha sido un
servicio muy valioso de Obama, "pero los detalles no están claros".

"Los estudiantes y todo el mundo piensa que hay toda una nueva
iniciativa para ellos", dijo Olivas, pero indicó que no existe
sustancial diferencia entre la orden presidencial y el conocido como
Memorándum Morton, por el apellido del autor y director del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE), anunciado hace un año.

A partir del memorándum Morton, en junio de 2011 la Administración
Obama inició un programa piloto de revisión de casos con miras a la
congelación de deportaciones en casos de indocumentados de baja
prioridad, como "soñadores", ancianos y víctimas de violencia doméstica.

Sin embargo, en este período las autoridades han ejecutado más
deportaciones que ninguna otra Administración en la historia con más de
400.000 personas, mientras "el beneficio de acción diferida se le ha
dado sólo a 200 'soñadores'", dijo el profesor.

Abundó que
menos del 2 por ciento de todos los procesados (no solo los 'soñadores')
obtuvo estatus diferido, y de estos, sólo el 54 % consiguió permiso de
trabajo.

"Si el (programa piloto del) último año sirve de
alguna evidencia sobre cómo las autoridades van a otorgar autorización
para empleo (con esta orden ejecutiva), yo no me siento muy optimista",
apuntó.

Lo más problemático, explicó Olivas, es que las
personas no pueden solicitar acción diferida a no ser que ya estén en
proceso de deportación o audiencia de remoción del país.

La
única otra manera para poder solicitar acción diferida para los
"soñadores" es ponerse a la disposición de las autoridades revelando la
condición de indocumentados, algo que muchos expertos, como la
Asociación Americana de Abogados de Inmigración, no consideran
recomendable por el momento.

"Si este es el único camino para
estos estudiantes, entonces es un incentivo perverso para estos chicos
poner al descubierto su presencia ilegal en el país sin la certeza de
que van a ser elegibles para trabajar", consideró.

Entre los
aspectos preocupantes en la orden está la falta de claridad sobre los
requisitos para poder aspirar a la acción diferida, más allá de los
básicos de edades y tiempo de permanencia en el país, como la comisión
de delitos menores o felonías.

Olivas se pregunta qué
exactamente será considerado como delito menor bajo esta orden, como por
ejemplo la detención por manejar sin licencia o sin seguro, situaciones
muy comunes entre los "soñadores", por ser indocumentados.

El
experto urge a los jóvenes a que no revelen su condición de
indocumentados porque "podrían poner a familiares, especialmente los
padres, en riesgo, y así y todo no obtener nada a cambio".

"La mayor esperanza que pueden tener es el trabajo, que van a obtener menos de la mitad de todos ellos".

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