Spanish

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) dio a conocer este viernes una demanda en la que acusa a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de obstaculizar la labor de activistas que, con cámaras de fotos y vídeo, buscan documentar violaciones a los derechos humanos en la frontera con México.

La demanda fue presentada contra el Departamento de Seguridad Interior por los activistas de California Ray Askins, de Caléxico, y Christian Ramírez, de San Diego.

Ellos aseguran haber sufrido hostigamiento por parte de agentes fronterizos y les acusan de haber borrado testimonios gráficos de supuestas irregularidades cometidas en la frontera por parte de las autoridades.

Ramírez dijo que las acciones son "una violación de los derechos constitucionales de libertad de expresión, y constituyen un cateo y decomiso ilegal que atenta contra el trabajo de ciudadanos y comunicadores que hace posible la transparencia y limita abusos de autoridades".

David Loy, de la ACLU en San Diego, dijo en un comunicado que Askins es un activista ambiental de nacionalidad estadounidense y que cuando fue confrontado por agentes estaba en una calle en Caléxico a entre 50 y 100 yardas (entre 45 y 90 metros) de la salida del edificio de aduanas, preparando una presentación sobre contaminación en la frontera.

Entonces, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, sin razón aparente según la ACLU, fue detenido, le amenazaron con destruir su cámara, lo esposaron, lo maltrataron y borraron sus fotos, "abusando sus derechos constitucionales y humanos", antes de devolverle la cámara.

Ramírez, el director de derechos humanos de la Alianza de Igualdad en esta ciudad, dijo que en junio pasado, una vez que había cruzado ya la garita y caminaba por el puente peatonal en dirección sur, rumbo a Tijuana, fue amenazado por las autoridades.

"Junto con mi esposa íbamos a recoger nuestro vehículo cuando vimos un puesto de control en el que agentes varones estaban inspeccionando a mujeres que salían hacia Tijuana", relató.

Añadió que "como esto es irregular decidí documentarlo. Entonces agentes privados de seguridad del puente me pidieron mis documentos".

"Cuando les dije que ya había sido inspeccionado, al descender por el puente nos esperaban agentes uniformados, uno de los cuales me amenazó con agredirme. Otro agente me arrebató el teléfono y borró las imágenes que capté", dijo Ramírez.

Según explicó, accedió a ser una de las partes acusatorias en la demanda para proteger los derechos de los ciudadanos y los de los reporteros que documentan abusos en áreas en las que la seguridad nacional no está en riesgo y donde todos los derechos civiles están vigentes.

"Es sumamente importante para la transparencia y democracia en EE.UU. que la sociedad civil pueda ejercer libremente este derecho en esta era de tecnología, en la que prácticamente todas las personas tienen un teléfono capaz de tomar vídeo o fotos", dijo Ramírez.

El activista destacó que el testimonio de ciudadanos ha sido clave para documentar casos que incluso han desembocado en la muerte de inmigrantes, como la de Anastacio Hernández Rojas, muerto a manos de la Patrulla Fronteriza en mayo de 2010.

Para Ramírez, es importante que la gente siga cumpliendo con lo que llamó "su deber ciudadano" de documentar los abusos de autoridades en la frontera, a fin de asegurar que haya una mayor rendición de cuentas.

En febrero pasado, activistas a favor de derechos de inmigrantes en la frontera entre San Diego y Tijuana entrenaron a sus colegas de la frontera entre EE.UU. y Canadá para documentar los arrestos y detenciones efectuados por la Patrulla Fronteriza.

En San Diego, indicó Ramírez, esta documentación comunitaria ha logrado por ejemplo la disminución de casos de agentes de la Patrulla Fronteriza que abordaban transportes públicos haciendo blanco especial a los hispanos.

De acuerdo con la ACLU, las acciones de los agentes "son un problema sistémico con agencias de aplicación de la ley en general, pero más grave en la frontera".

"Aduanas y Protección Fronteriza ha crecido exponencialmente en los últimos diez años y actúan rutinariamente como si estuvieran fuera de la ley, resistiendo controles de cuentas y transparencia, y ordenando a personas que dejen de tomar fotos", según la organización.

Main Topic: 
Author: 
Plain Text Author: