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Abogados de Ríos Montt no se dan por vencidos

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Los abogados del exdictador guatemalteco
José Efraín Ríos Montt analizaron la condena a 80 años de cárcel por
genocidio emitida el viernes 10 de mayo en un tribunal para iniciar una nueva batalla
legal y revertir la histórica sentencia.

El general retirado
de 86 años pasó su primera noche el viernes pasado en el Cuartel Matamoros, en la capital,
a donde fue remitido luego de ser declarado culpable de
genocidio y delitos contra la humanidad durante su régimen de facto,
entre 1982 y 1983.

El portavoz del Sistema Penitenciario, Rudy
Esquivel, explicó a los periodistas que la situación en las
instalaciones del cuartel militar Matamoros, en las que funciona una
cárcel provisional para reos considerados vulnerables, es normal.

El exjefe de Estado de facto sólo ha sido visitado por sus abogados y
hasta ahora no ha pedido que se le permita recibir comida especial o
medicinas, según el funcionario.

El próximo 17 de mayo está
previsto que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo efectúe la lectura
íntegra de la sentencia de condena contra Ríos Montt y la absolución de
su antiguo director de Inteligencia, el general retirado José Rodríguez.

A partir de esa fecha, los abogados del exdictador tendrán un periodo
de diez días para apelar la sentencia y el Ministerio Público (MP)
tendrá el mismo plazo para presentar alguna apelación por la absolución
de Rodríguez.

Francisco García, el jurista que defendió a Ríos
Montt en la recta final del juicio que se inició el pasado 19 de marzo,
dijo a los periodistas que antes de apelar, van a estudiar el fallo
leído el viernes pasado por la presidenta del tribunal, Jazmín Barrios, porque
considera que adolece de "muchas ilegalidades".

"Confiamos en que la sentencia se caerá por su propio peso" porque es "insostenible", dijo García.

En opinión del abogado, los miembros del tribunal, que integran
también los magistrados Patricia Bustamante y Pablo Xitimul, tenían
interés en buscar protagonismo al dictar la primera sentencia por
genocidio en Guatemala.

Y es que a lo largo de los testimonios y debates celebrados en la
sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Barrios fue
"impacable" con sus decisiones y ni las amenazas de García de
enjuiciarla y enviarla a prisión por cometer "ilegalidades", la hicieron
variar en sus resoluciones.

Luego de conocer su condena, Ríos Montt calificó el juicio como un "show político internacional".

La histórica sentencia fue respaldada hoy por la Fiscalía General,
que a través de un comunicado señaló que los jueces confirmaron la
acusación que presentaron los fiscales encabezados por Orlando López
contra Ríos Montt.

"El juicio ha permitido que las víctimas
fueran escuchadas, los acusados tuvieron todas las garantías para su
defensa y todos los sujetos procesales la oportunidad de presentar
libremente su evidencia", dijo.

Según la Fiscalía General, el
proceso dejó fortalecido el sistema de justicia, la independencia
judicial, el estado de derecho y la democracia en Guatemala.

La premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú también expresó su
respaldo a la sentencia y dijo a los periodistas que en el juicio contra
el exjefe de Estado de facto se demostró que el pueblo maya no mentía
al denunciar el genocidio.

La Coordinación de ONG y
Cooperativas (CONGCOOP), consideró la sentencia como "un paso enorme" en
la lucha contra la impunidad en Guatemala.

Mientras, el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos
(CALDH), que actuó como querellante en el proceso, dijo en un comunicado
que los delitos de lesa humanidad deben ser castigados para que no
vuelvan a repetirse.

La sentencia tomó en cuenta los peritajes
sobre racismo y genocidio, psicosociales, militares, antropológicos,
culturales, de violencia sexual y estadísticos, así como la prueba
documental establecida en planes castrenses, señaló.

Ríos
Montt fue juzgado y declarado culpable por las matanzas de 1.771
indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché durante su
régimen, con lo que se convirtió en el primer exjefe de Estado
centroamericano en ser condenado por genocidio.

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