Le corrieron la butaca. Eso fue lo que literalmente le hizo la Corte Suprema de Pensilvania al juez de la Corte de Tráfico de Filadelfia Michael J. Sullivan, quien hasta el pasado lunes se desempeñó como jefe administrativo del ente judicial local.

La decisión del alto tribunal se dio meses después de que iniciara una serie de investigaciones disciplinarias que resultaron comprobando lo que hasta entonces era una práctica generalizada: la aceptación de recomendaciones para tratar favorablemente a sospechosos de delitos de tránsito en la ciudad.

De acuerdo con los resultados de las investigaciones, citados por el Philadelphia Business Journal, la mayoría de las peticiones provenían de fuentes políticas no identificadas en el reporte.

"Además de estar prohibido por el Código de Conducta Judicial de Pensilvania, aceptar las solicitudes de terceras partes para otorgar un tratamiento favorable expone al tribunal al riesgo de recibir dinero a cambio de favores, lo cual además de ser un acto de corrupción, generaría un hueco fiscal en la ciudad y el estado como resultado de la reducción de ingresos por concepto de multas a violaciónes de tráfico", afirmó el jefe del alto tribuna estatal, Ronald D. Castille.

Pese a que la investigación hecha por la firma consultora Chadwick Associates determinó que esta práctica se había institucionalizado en la Corte de Tráfico de Filadelfia, Sullivan –seis años en el ente– seguirá vistiendo su toga de autoridad judicial de tráfico.

En su lugar, la Corte Suprema puso al juez de la Corte de Quejas Gary S. Glazer.  

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Edwin López / Redacción AL DÍA