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Un juez de la Corte del Commonwealth de Pensilvania negó el pasado 15 de agosto la petición de varios grupos de derechos civiles de bloquear la implementación de la ley Voter ID, que requiere a votantes del estado contar con una identificación oficial con fotografía para ejercer su voto en las elecciones del próximo 6 de noviembre.

El juez Robert E. Simpson rechazó la petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP), organizaciones que argumentan que la ley afecta de manera desproporcionada a minorías y representa un daño "irreparable" en su derecho de ejercer su voto.

"El juez dijo que para bloquear la ley se tiene que demostrar que representa un daño para la gente", dijo Jennine Miller, directora de política de Project HOME. "¿Qué es más dañino que despojar a una persona del voto?"

El gobierno de Pensilvania argumentó originalmente, aunque sin ofrecer pruebas, que el 99 por ciento de los votantes cuenta con una identificación valida para votar. Luego se retractó y sugirió que unos 759.000 votantes registrados (9,2 por ciento) no cuentan con una identificación expedida por PennDOT. Por su parte, los abogados demandantes argumentan que se trata de un millón de votantes (12 por ciento del total).

"Hay ciertos grupos que están claramente en riesgo y no son muy difíciles de identificar: las personas de bajos recursos, los de la tercera edad, los nuevos americanos, las personas jóvenes", dijo Zack Stalberg, presidente del Comité de los Setenta. "Pero es un problema que puede afectar a muchas personas más".

Por su parte, James Harper, de Laborers International Union of North America, Local 414, calificó el fallo del juez Simpson de "insultante".

La coalición informó que apelará la decisión en la Corte Suprema de Pensilvania y que continuará informando a votantes del estado sobre la nueva ley.

"No podemos predecir lo que vaya a decidir la Corte", dijo Reggie Shuford, director de ACLU-PA. "Lo único que podemos hacer es informar a la gente para que no sean sorprendidos el día de las elecciones y que estén preparados para votar".

En los últimos dos años, 19 estados a través de la nación han reforzado leyes respecto al uso de identificaciones para votar. Más de una tercera parte de ellos enfrentan retos legales pendientes.

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