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La SB9 criminalizaría a indocumentados que carguen una tarjeta de acceso a servicios públicos en PA, incluso si se trata de la de sus hijos nacidos en EE.UU.

Diversas organizaciones de inmigrantes y de derechos civiles en PA. entre ellos los jóvenes del grupo Fuerza de Juntos, llevaron a cabo una conferencia de prensa el pasado 27 de junio en el Independence Mall en Filadelfia.
 

Mientras que la Corte Suprema de EE.UU. anuló el pasado 25 de junio la mayoría de las cláusulas de la controversial ley SB1070 de AZ, ese mismo día la asamblea de PA avanzó una iniciativa que pretenden combatir la inmigración indocumentada.

Se trata de la SB9, que requeriría a habitantes de PA presentar una identificación oficial para recibir asistencia pública.

La iniciativa ya había sido aprobada por el Senado Estatal, y desde esta semana también fue aprobada por la Cámara Estatal de Representantes, no sin antes pasar por un par de enmiendas, por lo que ahora regresa de vuelta al senado para su evaluación.

La primera enmienda criminaliza a indocumentados que carguen una tarjeta de acceso a servicios públicos en PA.

"Estamos preocupados por las familias de estatus mixto", dijo Susan Kim, directora de la Coalición de Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania (PICC). "Hay padres de familia indocumentados que cargan la tarjeta para que sus hijos nacidos en EE.UU. reciban los beneficios".

La segunda enmienda permitiría a ciudadanos de EE.UU. y residentes legales que no cuenten con identificación para comprobar su estatus firmar un afidávit para estipular que pueden cargar la tarjeta y recibir beneficios.

El senado estatal podría aprobar la iniciativa y abrirle paso al escritorio del gobernador para ser firmada en ley o vetada. O podría hacer más enmiendas.

Diversas organizaciones de inmigrantes y de derechos civiles en PA respondieron en una conferencia de prensa, el pasado 27 de junio en el Independence Mall en Filadelfia, al avance de dicha iniciativa en la asamblea del estado, así como a la decisión de la Corte Suprema respecto a la ley SB1070 de AZ. El máximo tribunal anuló la mayoría de las cláusulas de la controversial ley, pero sostuvo la que permite a policías locales y estatales verificar el estatus migratorio de personas detenidas por infracciones.

"Es equivocado que los legisladores de PA sigan avanzando iniciativas antiinmigrantes cuando el supremo indicó que los estados no tienen autoridad para legislar en materia de inmigración", dijo Peter Pedemonti, codirector de Movimiento Nuevo Santuario (NSM). "Esperemos que capten el mensaje y lo tomen en cuenta".

Por su parte, Michael Nutter, alcalde de Filadelfia y presidente de la Conferencia de Alcaldes 2012, dijo que la decisión del supremo es una razón más por la que hay que aprobar una reforma migratoria.

"Demuestra que no podemos arreglar nuestro sistema quebrado de inmigración de estado por estado", dijo Nutter.

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